Ambiente, desarrollo sostenible y minero

Es un secreto a voces, que durante este gobierno el protagonismo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en temas mineros ha sobrepasado los límites que deben existir entre las funciones que desempeña cada ministerio y que en conjunto aportan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

No es coincidencia que en zonas identificadas como ricas en recursos minerales metálicos (especialmente minería de oro), tanto para proyectos en etapa de exploración como para proyectos en etapa de explotación, el protagonismo del Ministerio de Ambiente, se encuentre muy por encima de las actividades que debería desarrollar el Ministerio de Minas. Es evidente que existen incalculables conflictos ambientales y mineros a lo largo y ancho del país, pero no podemos negar que los conflictos ambientales, no solamente se relacionan con la actividad minera, sino que corresponden con otras actividades económicas, que si bien pueden tener un mayor o menor impacto en temas ambientales, su relevancia para el Ministerio de Ambiente es marginal, sentando el precedente que la minería es la actividad que genera el mayor daño ambiental en Colombia.

Municipios mineros de oro como Buriticá, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Marmato, California, Vetas, Jericó, Sur de Bolívar, Ayapel, Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina, Nóvita y aquellos municipios mineros que extraen carbón térmico como La Jagua de Ibirico, El Paso, Carmen de Chucurí, entre otros, han sufrido la agenda del activismo ambiental de este ministerio. La solución a los problemas ambientales generados por la actividad minera informal que se evidencia en estas zonas, no se soluciona persiguiendo las empresas y mineros legalmente formalizados y que cuentan con contratos de concesión minera legalmente constituidos con el Estado.

No podemos dejar de lado, varias perlas como las áreas de reserva temporal, el Decreto 044 y la formalización minera, que dicho Ministerio se ha empeñado en definir talanqueras para el desarrollo del sector minero. Vale la pena mencionar entre otros casos el reciente fallo de tutela en contra de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el caso del páramo de Santurbán. Citando una de las protagonistas de esta tutela, la minera Ivonne Gonzales: “Esto es una prueba más de las denuncias que hemos hecho desde hace más de un año, sobre cómo la Ministra de Ambiente ha violado los derechos fundamentales de miles de familias de pequeños y medianos mineros legales, condenándonos a la pobreza y la ilegalidad. Ella pretende borrar 450 años de vocación minera y arraigo cultural, con una Resolución que no ha sido concertada, que desconoce sentencias de la Corte Constitucional, que no tiene sustento técnico suficiente, y que viola el Acuerdo de Escazú que la propia Ministra defendía”.

Adicionalmente, la disminución de la inversión extranjera directa en temas de exploración minera que debido a las políticas de este Ministerio, han caído a sus niveles más bajos en los últimos 20 años, dejando pasar el pico de exploración que se da por cuenta de los altos precios de algunos commodities, por la exploración de minerales estratégicos y la exploración de minerales críticos, de la noche a la mañana recuperar la confianza inversionista de las empresas que exploran recursos minerales va a tomar varios años.

Mientras tanto, la Ministra sustenta durante este fin de semana “El Gobierno Nacional aumentó 20 veces la inversión en regalías para el ambiente con $2,1 billones entre 2023 y 2024 versus los $116.000 millones aprobados entre 2021 y 2022”. Ministra, le recuerdo que las regalías provienen de la extracción de recursos minerales y de hidrocarburos, parece que cuando se necesitan recursos, la minería si sirve para algo. Coherencia, simplemente coherencia.