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Hace unos meses publiqué un tuit manifestando la importancia de actualizar el Censo Minero Nacional para tomar decisiones acertadas de Política Pública y Planificación Minera en Colombia. Desde 2010 a 2011, se tiene identificada la información relacionada con el último Censo que llevó a cabo el Ministerio de Minas y Energía.
Ha pasado más de una década desde ese Censo, y es una buena oportunidad de actualizarlo para poder tomar decisiones de Política Pública Minera, acorde con las nuevas realidades que como sociedad experimentamos en los actuales momentos.
Es una responsabilidad del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía (y sus entidades adscritas y vinculadas), el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística, tomar la decisión y la voluntad política de realizar este Censo Minero.
Los alcaldes y gobernadores electos para el periodo 2024-2027, y toda la población minera nacional, serán los mayores beneficiados con los resultados de este proceso, ya que, se podrán tomar decisiones de política pública minera actualizada, y con foco en la resolución de los principales problemas que se relacionan con la actividad minera en el país.
Proyectar mejores y más ingresos por concepto de regalías mineras, impuestos, contraprestaciones, entre otros, serán los grandes resultados que se esperarían en el mediano plazo, como el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional, en tener acceso a la información sectorial actualizada.
En términos financieros, llevar a cabo este Censo Minero 2024 tendrá una inversión de aproximadamente $130.000 millones, pero estos recursos son pocos, comparados con la información de calidad y de primera fuente que traería como resultado realizar este proyecto de inversión. Soy consciente de las muchas prioridades que presenta el sector minero nacional, pero es menester insistir en la necesidad de este tipo de iniciativas que nos permitan cerrar las brechas existentes entre la pequeña, mediana y gran minería.
Otro reto al que se enfrenta este tipo de proyectos es dejar de lado que estos procesos de caracterización minera, no deben convertirse en procesos potenciales de estigmatización a las personas que de una u otra forma realizan la actividad minera en el territorio nacional. Soy testigo de que muchos colombianos se levantan día tras día queriendo hacer parte de los procesos de formalización minera (tema, que trataremos en una futura columna), pero hasta el momento no existen reglas de juego claras, concisas y concretas, que permitan transitar a procesos de formalización minera en el país.
Tener clara la información actualizada, con los resultados del Censo Minero 2024, es dar un paso adelante y responder las preguntas, ¿estamos subvalorando las personas que se dedican a esta actividad económica? o si, por el contrario, ¿sobrevaloramos (espero equivocarme) el aporte económico del sector minero? Lo anterior hará que podamos tener las mejores herramientas de Políticas Públicas Mineras, para dejar sentadas las bases de una actividad que tiene muchos retos por delante, sobretodo el de ser una actividad que fundamente el desarrollo de Colombia a 2040.
