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El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, quien propuso que Colombia se convierta en miembro oficial del G-20 durante su visita a Brasil, ha suscitado un intenso debate. Sin embargo, es necesario señalar que esta propuesta parece desconectarse de la realidad económica y política que rige a los países que conforman este selecto grupo. Comparar esta aspiración con un vegano solicitando unirse a un club de asados puede resultar exagerado, pero ilustra de manera efectiva la incongruencia de la propuesta.
El G-20, que agrupa a las principales economías del mundo, tiene como prioridad el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, incluyendo las riquezas minerales y energéticas. En este sentido, es fundamental entender que la mayoría de los países miembros no solo llevan a cabo la exploración de recursos, sino que también invierten en tecnologías avanzadas para la refinación de minerales y en la explotación de hidrocarburos. Según datos de La República, el G-20 representa aproximadamente 90% del Producto Nacional Bruto (PNB) global, 75% del comercio internacional y 85% del PIB mundial. Además, alberga a dos de cada tres habitantes del planeta.
En los últimos años, la política de gobierno en Colombia ha creado un ambiente de incertidumbre en el sector minero energético. Las decisiones que prohíben la exploración de hidrocarburos, la explotación a cielo abierto de carbón térmico y la restricción a proyectos mineros estratégicos han marcado una tendencia preocupante. Anunciar un cambio hacia la importación de gas en lugar de incentivar la producción local no sólo desacredita la capacidad del país para manejar sus recursos, sino que también afecta la confianza de los inversionistas extranjeros que son vitales para el desarrollo del sector.
Por ejemplo, en 2023, cuatro de las diez empresas con mayores ingresos en el país pertenecen al sector minero energético, destacando a Ecopetrol, Reficar, Terpel y Drummond. Estas empresas generaron más de $200 billones, lo que resalta la importancia económica de este sector para la nación.
Aunque es crucial abordar las preocupaciones ambientales y la protección de la Amazonía, estas iniciativas no son el eje central de la agenda del G-20. Los países miembros aprovechan sus recursos minero energéticos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y la protección del medio ambiente se considera una responsabilidad que se aborda de forma secundaria. La pregunta que surge es: ¿por qué Colombia debería limitar su capacidad de explotación de recursos a costa de su desarrollo económico y social?
La solicitud de Colombia para unirse al G-20, sin tener una política minera energética clara y coherente, parece ser un error estratégico. No se puede desear ser parte de un grupo que maximiza la explotación de sus recursos mientras se adoptan posturas restrictivas en el propio país. En un contexto global donde el G-20 toma decisiones que impactan a millones de personas, Colombia debe replantear su enfoque hacia sus riquezas naturales, buscando un equilibrio que permita el desarrollo económico, social y ambiental en beneficio de todos. Unirse al G-20 sin una estrategia clara no es solo un reto administrativo, sino una cuestión fundamental para el futuro del país.
