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La situación de La Guajira, un departamento rico en recursos pero marcado por profundas desigualdades, merece una reflexión crítica. La metáfora de “matar el pollito aliviado para hacer caldo para el pollito enfermo” ilustra la política del gobierno nacional hacia esta región. A menudo, las decisiones se toman sin considerar las repercusiones para el bienestar de sus habitantes. Oportunidades como la extracción de carbón térmico, la gestión de proyectos de energía eólica y solar, y la explotación de sal, entre otros, evidencian la falta de una estrategia clara que priorice el desarrollo sostenible de La Guajira.
El carbón térmico, a pesar de ser objeto de controversia, es fundamental para la economía de La Guajira y del país. Más de 46% del PIB minero de la región proviene de su extracción y exportación, especialmente en La Guajira. Sin embargo, el Dane reportó una caída de 8,1% en el PIB nacional del sector minero durante el segundo trimestre de 2024. Esta tendencia se da en un contexto donde la demanda mundial de carbón térmico sigue en aumento. La estigmatización de este sector por parte del gobierno no solo es injusta, sino que tiene consecuencias directas en el desarrollo económico local, regional y nacional.
Los bloqueos en Cerrejón, una de las principales minas de carbón del país, son un claro reflejo de la crisis. Aunque la empresa ha comunicado que 79% de estos bloqueos no están relacionados con sus operaciones, ellos afectan gravemente el cumplimiento de compromisos comerciales en el extranjero. Los motivos de estos bloqueos son diversos: desde exigencias por servicios públicos y educación hasta conflictos internos en las comunidades. Hasta el 31 de octubre de este año, se habían registrado 282 bloqueos, superando los 242 del año anterior, lo que indica un aumento en la tensión social y económica de la región.
La situación de Cerrejón no solo impacta a la empresa, sino que también afecta a la economía local, el turismo (Riohacha, Cabo de la Vela, Desiertos de la Alta Guajira, Mezquitas, entre otros) y la calidad de vida de los guajiros. El cierre de operaciones mineras podría tener consecuencias devastadoras, dejando a la comunidad sin las herramientas necesarias para exigir sus derechos. ¿Qué será de La Guajira sin Cerrejón? Si el cierre minero se lleva a cabo, ¿a quién reclamarán las comunidades por sus derechos? La falta de un plan alternativo de desarrollo es preocupante.
Es imperativo que el gobierno nacional actúe con rapidez y firmeza, estableciendo políticas públicas que no solo regulen la extracción de recursos, sino que también promuevan alternativas viables para el desarrollo económico y social de La Guajira. Proyectos de infraestructura y nuevas iniciativas mineras pueden ofrecer oportunidades, pero deben ser acompañados de una visión de desarrollo sostenible que contemple la realidad y las necesidades de la población.
En conclusión, La Guajira no puede seguir siendo vista únicamente a través del prisma de la extracción de recursos. Es hora de que el gobierno tome decisiones que favorezcan el bienestar de sus habitantes. Si continuamos “matando el pollito aliviado”, el caldo que resultará será insípido y carente de sustancia. La Guajira merece un futuro en el que todos sus habitantes puedan prosperar, no a costa de otros, sino juntos, en un camino hacia un desarrollo más justo y equilibrado.