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En los tres años de este gobierno, el Bajo Cauca antioqueño ha emergido como un actor clave en la dinámica de los paros mineros que se han gestado en esta región, extendiéndose a otras áreas mineras del país. Los eventos de septiembre de 2022, marzo de 2023 y octubre de 2024 han sido hitos significativos, marcados por un factor exógeno: los altos precios de la onza troy de oro. Este fenómeno ha impulsado un aumento en los niveles de extracción de oro, generando tensiones y demandas en comunidades mineras.
Regiones como Soto Norte (Santander), Marmato (Caldas), el Altiplano cundiboyacense, el Chocó y, por supuesto, el Bajo Cauca antioqueño, fueron protagonistas del último paro minero. La coincidencia del movimiento con la celebración de la COP16 brindó una plataforma ideal para visibilizar las problemáticas que enfrentan las comunidades mineras y buscar soluciones efectivas. Sin embargo, las negociaciones que siguieron a casi cinco días de bloqueos en vías nacionales revelaron errores tanto del gobierno como de los líderes mineros.
Una de las principales falencias del gobierno ha sido la falta de políticas públicas diferenciales que aborden adecuadamente las particularidades de cada región minera en Colombia. No se pueden tratar con el mismo enfoque los desafíos que enfrentan los mineros de Vetas, los del Bajo Cauca o los de Marmato con los mineros de Boyacá, entre otros. Cada región tiene sus propias características en términos de tipo de explotación minera, mineral extraído, métodos utilizados y tamaño de las operaciones. Por lo tanto, es urgente implementar una política minera que reconozca estas diferencias y busque soluciones adaptadas a cada contexto.
Además, el gobierno ha cometido el error de no considerar a las empresas mineras formales como aliadas estratégicas. Estas empresas, que operan bajo contratos formales con el Estado, pueden desempeñar un papel crucial en la formalización de los mineros informales y en la creación de un marco regulatorio que beneficie a todas las partes involucradas.
Por otro lado, los líderes mineros también han cometido errores al firmar acuerdos que no incluyen cifras concretas ni indicadores claros para medir el avance en sus demandas. El pliego reciente firmado por ambas partes carece de un seguimiento efectivo que permita evaluar mensualmente los progresos realizados con metas concretas y tangibles. En este sentido, organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) han demostrado una mayor capacidad para establecer mecanismos de seguimiento y evaluación.
Esta falta de claridad y compromiso puede llevar a que, en 2025, nos enfrentemos nuevamente a un paro minero, especialmente ad portas de un año electoral como 2026. La historia reciente muestra que las tensiones no resueltas tienden a resurgir con fuerza cuando se acercan elecciones legislativas y presidenciales.
Es imperativo que tanto el gobierno como los líderes mineros asuman su responsabilidad en esta crisis. Se necesita un diálogo constructivo que permita establecer puentes entre las comunidades mineras y el Estado. Las soluciones deben ser inclusivas y considerar las voces de todos los actores involucrados.
La minería es una actividad esencial para muchas comunidades en Colombia, pero debe realizarse dentro de un marco legal claro y justo que respete tanto el medio ambiente como los derechos humanos. Solo así podremos avanzar hacia una minería sostenible que beneficie a todos y evite futuros paros.
En conclusión, el paro minero no es solo una manifestación del descontento social; es una oportunidad para repensar nuestras políticas mineras y construir un futuro más equitativo y sostenible para todos los colombianos.
