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La innovación es un motor esencial para el crecimiento económico y la reducción de desigualdades. Así lo han señalado estudios del Banco Mundial y la Ocde, que destacan cómo el impulso a la investigación y el desarrollo (I+D) mejora la productividad y genera empleo de calidad. En América Latina, una agenda de desarrollo sostenible basada en innovación es clave para cerrar brechas y combatir la pobreza. Sin embargo, la región enfrenta limitaciones como baja inversión en ciencia y tecnología, políticas fragmentadas, escasa capacidad técnica y falta de mecanismos para la transferencia de conocimiento.
Colombia, por su parte, necesita avanzar en productividad, alineándose con macrotendencias como el cambio tecnológico, climático y demográfico, como lo recomienda el informe del CPC. Esto exige construir una agenda a largo plazo, con consensos sobre las fortalezas regionales y compromiso con el futuro. Para que la innovación sea motor de desarrollo, se debe pensar estratégicamente en las inversiones, formar capacidades y asegurar acceso al financiamiento.
Dado el contexto fiscal, es fundamental gestionar eficientemente los recursos públicos, fortalecer los ecosistemas de innovación y fomentar la colaboración entre sector privado, academia y centros de investigación. La experiencia de España muestra cómo mecanismos de financiamiento diversificados, incentivos fiscales y alianzas público-privadas pueden impulsar la I+D, con políticas que respetan la PI, incentivan la innovación y protegen derechos fundamentales como la vida.
En este marco, la propiedad intelectual (PI) se posiciona como clave para financiar la innovación. Un sistema de PI sólido atrae inversión extranjera, promueve la transferencia tecnológica y fortalece las industrias locales. Países que han implementado marcos regulatorios eficaces en PI, como Malasia, han logrado transformar sus economías, potenciando la innovación y el desarrollo tecnológico.
Otro desafío es descentralizar la innovación. Se requiere una política nacional que articule estrategias locales, regionales y nacionales, integrando Estado, academia y empresas. Esta colaboración puede traducirse en avances científicos que impacten positivamente la vida de los ciudadanos. El Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación de España es un referente en articulación institucional, pues alinea esfuerzos entre niveles de gobierno, priorizando sectores clave.
Puede que haya consenso sobre sectores estratégicos como la bioeconomía o la transición energética, o sobre la necesidad de beneficiarse de la IA, pero aún falta definir cómo ejecutar esa agenda. El mayor reto es repensar el sistema educativo, enfocándolo en la formación de capacidades y fortaleciendo el vínculo entre Estado, empresas y centros de formación, con enfoque territorial. Ojalá en la Construcción de la ley de Competencias se dé el debate de cómo es que se va a construir una economía del conocimiento con enfoque territorial que contribuya a cerrar las brechas como lo propone la Ocde.
Colombia tiene una oportunidad única para liderar la innovación en América Latina. Para lograrlo, necesita fortalecer la coordinación institucional, garantizar financiamiento sostenible y reformar su agenda educativa. Convertir la innovación en política de Estado, con protección a los Derechos de Propiedad Intelectual, y promover la cooperación entre sector público, academia y empresas permitirá transformar el conocimiento en progreso y bienestar para todos.
