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Hace unos años en el país dimos un paso importante -tal vez no el correcto- hacia el fortalecimiento del arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Si bien en el año 2012 se hizo una actualización normativa, en los años siguientes estamos viendo cómo estamos retrocediendo lo poco que avanzamos.
Uno de los mensajes que con mayor contradicción se ha recibido para el arbitraje en Colombia lo dio el Gobierno de Juan Manuel Santos: en una circular de Presidencia tomó la decisión de desincentivar el uso del arbitraje público para la resolución de los conflictos que se presentan en la celebración, ejecución e interpretación de los contratos estatales. Si bien no trascendieron públicamente las razones reales que motivaron esta decisión, lo cierto es que la gran cantidad de tribunales en los que perdía el Estado, en su mayoría por una defensa deficiente, y los pagos que debía realizar fueron los antecedentes que allanaron el camino que decidió tomar este Gobierno.
Por otro lado, somos uno de los países que todavía -pese a la tendencia internacional- siguen manteniendo dos sistemas para tramitar: están por un lado los tribunales arbitrales nacionales, es decir, aquellos que tienen partes colombianas, donde las diferencias se resolverán por un procedimiento particular y diferente al que se aplica en las controversias que se den con los criterios para tramitar el tribunal como internacional. Estos dos aspectos convierten a Colombia en un destino poco confiable o atractivo para efectos de resolver conflictos en materia arbitral y ser sede de tribunales internacionales.
Ante las dificultades que afronta la rama judicial, estamos a punto de crear otra en el arbitraje. Por el camino que vamos, no solo se revivirán los intentos de aranceles arbitrales, sino que empezaremos a dejar al arbitraje como una colcha de retazos producto de nuestro poco entendimiento de la evolución normativa y de la necesidad de enderezar el camino y encausar la discusión sobre el camino del pragmatismo normativo, en lugar de querer seguir manteniéndonos en exceso de procedimiento en el arbitraje.
Otro de los mantras de esta columna es la importancia de la resolución de los conflictos en materia civil, en una sociedad que, para el caso de los ciudadanos, es el catalizador pero, en el caso de las inversiones extranjeras, es uno de los índices en donde perdemos con creces y lo poco de rescatar se está quedando atrás a la hora de generar la seguridad jurídica y la certeza en la forma ágil en que se deben dirimir controversias en un país. La inversión en arbitraje y justicia que realiza un país no es otra que la de crear la infraestructura necesaria para el discurso del progreso y el crecimiento económico, etc.
Es por eso que, desde esta columna, no solo alertamos al Ministerio de Justicia y al Presidente Duque sobre los conocidos problemas que tradicionalmente aquejan al sector de la Justicia, sino que además emitimos un llamado de atención para que mandemos los mensajes correctos como Nación y, por lo mismo, actuemos de forma coherente con el discurso. De lo contrario, no seremos más que los bonachones de la mesa con los que todos se ríen, se quieren sentar y disfrutar, pero con los que nadie quiere trabajar. Así que menos discurso y más pragmatismo, presidente.
