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Luego del fracaso de la pasada reforma tributaria y del retiro de Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda, hoy se da de nuevo la discusión de una nueva reforma en el Congreso. No quiero concentrar esta columna en la propuesta del Gobierno, de entenderla o no. Más allá de cualquier interpretación, la semana pasada -en el curso de los debates y el trámite legislativo- se realizó lo que se conoce como una “proposición aditiva”, que en este caso no es nada distinto a querer incluir un nuevo artículo.
Si bien los senadores y representantes están facultados para solicitar la adición de artículos, en este caso parece que el senador Fernando Araújo y el representante a la Cámara por Antioquia Óscar Darío Pérez quieren seguir viviendo en las cavernas. Es curioso y a la vez contradictorio que ambos congresistas formen parte del partido de Gobierno, el mismo que dice defender las reglas del libre mercado y del no intervencionismo estatal, y hoy actúen diametralmente opuestos a dichos principios y voy a explicar por qué.
Resulta que estos dos congresistas pretenden gravar de nuevo con IVA y aranceles los envíos internacionales que en su declaración de importación superen el valor de US$30 en un mismo mes. Esta proposición, sin sustento y base técnica, afirma que la industria nacional está sufriendo de competencia desleal por el comercio electrónico mundial. Además de ser antitécnico, se rumora fuertemente que al parecer Alkosto (almacén de gran superficie del país) está detrás de esta insistente proposición.
Grave que dos congresistas que, teóricamente, defienden el libre mercado y al parecer una gran superficie estén detrás de lo que sería la muerte de comercio electrónico internacional para Colombia y su monopolización en manos de agentes que no siempre están alineados con los intereses de los consumidores. Algún reconocido columnista afirmó que este tipo de exenciones no son otra cosa diferente a un “contrabando legal”, lo cual a mi juicio no puede estar más lejos de la realidad.
Nuestro tejido industrial no produce la gran mayoría de bienes que son adquiridos en el comercio internacional. Solo basta con preguntarse: ¿qué tipo de tecnología de consumo masivo producimos en Colombia? o ¿cuánta literatura en otros idiomas se comercializa en Colombia? Y así podremos encontrar un sinnúmero de ejemplos de cómo la proposición del Centro Democrático quiere limitar el acceso a bienes de oferta mundial y de un plumazo devolvernos a los años 80 del siglo XX, cuando conseguir una chocolatina importada era como encontrar el eslabón perdido.
Este tipo de iniciativas tienen todo menos de propositivas. Querer coartar el comercio electrónico vía tributos es no estar alineados con los compromisos internacionales en esta materia, pero lo que es más grave aún es querer encarecer el acceso a la tecnología y otros bienes a los colombianos (que ya se hace casi imposible a causa del alto costo del cambio del dólar frente al peso) como para que con intereses y una agenda poco clara se pretenda retroceder 10 pasos luego de haber avanzado uno en la dirección correcta.
Así que esta columna, queridas y queridos lectores, no busca nada diferente a ponerle los reflectores a un ‘mico’ que nos quieren meter y que tan solo tuvo algo de eco en redes sociales, así como llamar a la sensatez a los congresistas Araújo Rumié y Pérez Pineda. Ese mismo sentido de alerta es para todo el Congreso para que se retire dicha proposición, claramente contraria a la libertad económica y a los intereses de los consumidores colombianos.
