La nueva ola antidemocrática en América Latina

Analistas y expertos internacionales han alertado sobre la crisis global de la democracia, así como el auge de las dictaduras, cuyos regímenes albergan 70% de la población mundial, es decir 5.400 millones de personas. Para Idea Internacional, la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive y los regímenes autoritarios han profundizado aún más su represión.

Adicionalmente, el orden liberal está siendo ampliamente cuestionado, especialmente ante las desigualdades, la intolerancia, la pérdida de autonomía, el cambio discrecional de las reglas de juego, las violaciones a los derechos humanos, las amenazas a la libertad de expresión, entre otros.

América Latina, que había logrado transitar satisfactoriamente por la “Tercera ola” hace cuatro décadas y recuperar los valores y principios democráticos, nuevamente se encuentra en medio de una tormenta y ha visto retroceder sus indicadores. El 45% de la población de la región no reside en una democracia. Los calificativos que se asignan hoy son numerosos pero se refieren al mismo fenómeno incremental y sigiloso: “recesión”, “diabetes” o “retroceso” democrático. Estamos en definitiva ante una nueva ola antidemocrática, tal como se reafirma en la reciente publicación de la Unidad de Inteligencia de The Economist y el reporte del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo.

Las protestas populares en la región ilustran una profunda desafección. El nivel de movilización y violencia demostrados no tienen precedentes.

Adicionalmente, preocupa la creciente tolerancia y participación de los militares en la vida civil en algunas naciones y su utilización como instrumento para reprimir y alterar el orden constitucional. Los casos recientes son más que elocuentes.

El peligro es aún mayor en países autoritarios, cuya lista tiende a crecer. El hilo constitucional se rompió tiempo atrás, bajo la instauración de regímenes iliberales y corruptos que tienen conexiones directas con el terrorismo, narcotráfico y crimen trasnacional. Esta situación ha sido denunciada y condenada de forma enérgica por la comunidad internacional.

En este contexto, es necesario destacar algunos riesgos políticos que enfrentan nuestras democracias en la región:

• Debilidad institucional y reducida capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas de la población, especialmente de los sectores populares y clases medias, y asegurar la prevalecía de la ley. Este agotamiento conduce, asimismo, al debilitamiento de otras instituciones como la rama legislativa y su captura por ciertos sectores.

• Gobernabilidad limitada ante la fragmentación social y una polarización con niveles tóxicos.

• Falta de liderazgo y partidos políticos raquíticos que han perdido su espacio privilegiado de representación ciudadana y su base social para guiar y ubicarse por encima de intereses individuales y clientelistas.

• Bajo nivel de confianza de la población en sus instituciones y dirigentes.

• Creciente desigualdad social que atenta contra el desarrollo y prosperidad, al limitar el acceso a servicios básicos, educación, salud e infraestructura.

• Corrupción generalizada que debilita el contrato social y desvía los recursos de inversiones necesarias para el desarrollo sostenido e incluyente.

• Crimen organizado y redes del narcotráfico que generan altos niveles de violencia e inseguridad y corroen el Estado de derecho. Las economías ilícitas como las drogas se constituyen hoy en una de las principales focos de inestabilidad para alcanzar la convivencia pacífica entre países y dentro de estos mismos.

• Amenazas a la libertad de prensa y desinformación que limitan y manipulan la rendición cuentas, así como minan el control ciudadano.

Ante este escenario, que se constituye en un enorme reto internacional, es imperativo alcanzar grandes consensos para brindar soluciones ante los problemas más agobiantes de nuestras sociedades. De no hacerlo, los riesgos son enormes por el costo que tiene.

La región requiere la construcción de una concepción integral de la democracia que sea reflejo genuino del compromiso con todo el hemisferio, sin excepción alguna. No basta con tener un gobierno de mayorías, electo en elecciones legítimas. A éste se le deben agregar condiciones fundamentales que están directamente relacionadas con derechos humanos, sociales, económicos, libertad de expresión y prensa, y participación ciudadana. Es fundamental, a su vez, una mejor calidad en la gobernanza.

Nuestros esfuerzos se deben dirigir, tal como lo ha planteado Francis Fukuyama, en su reciente libro “El Liberalismo y sus desencantados”, hacia tres elementos centrales: la defensa de la diversidad, la libertad de expresión y la tolerancia”. Los sectores políticos -sin distinción alguna de su color- deben aceptar la existencia de posiciones distintas y prescindir de cualquier rasgo totalitario.

Se requiere un regionalismo que armonice sus propósitos con los de las Naciones Unidas, para profundizar su contribución a la gobernabilidad democrática, a la seguridad colectiva y a la integración en el hemisferio. El sistema interamericano debe continuar jugando un papel fundamental en el desarrollo y la implementación de la nueva agenda. Estamos en la obligación de preservarlo y proyectarlo.

Frente a las amenazas democráticas y la emergencia de caudillismos populistas, se demandará una gran visión de futuro, dosis de liderazgo y, ante todo, repensar y fortalecer colectivamente las reglas e instituciones existentes. América Latina no puede perder el terreno democrático ganado durante las últimas décadas y, menos, pasar a ocupar un lugar irrelevante en el concierto internacional.

*En colaboración con Andrés Rugeles, Visiting Fellow de la Universidad de Oxford y Miembro del Advisory Board de la Unidad del Sur Global del LSE.