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Con la publicación del borrador de convocatoria para la asignación de $85.000 millones, Colombia debuta oficialmente en la financiación gubernamental de las organizaciones de medios.
Frente a hechos cumplidos, en este momento la discusión debe virar de por qué se favorece a este sector de la economía en particular (y no a otro), o se cubren otras necesidades más urgentes (por ejemplo, relacionadas con la pandemia), a cómo velar por la buena utilización de estos recursos públicos, y de minimizar los riesgos para la independencia de los medios, objetivos estos últimos que -teóricamente- van de la mano.
Los $85.000 millones para los medios de comunicación fueron aprobados a través de la Ley 2063 de noviembre de 2020 (de rentas y recursos), para “la financiación de programas, planes y proyectos, para la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación, con el objeto de promover la reactivación económica de los medios de comunicación”.
El borrador de convocatoria para la asignación de estos recursos (y otros ‘anexos técnicos) fue publicado el pasado viernes 5 de marzo en la página del MinTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De acuerdo con el cronograma allí plasmado, luego de un proceso de observaciones al borrador y al documento definitivo, los medios que aspiren a estos recursos tendrán que presentar sus propuestas antes de las 10 de la mañana del 5 de mayo de 2021.
Dilema de la independencia
Si bien Colombia es nueva en la financiación gubernamental de las organizaciones de medios, esta práctica es vieja en el mundo, en particular en Europa y Estados Unidos, pero no por ello ha dejado de ser polémica.
En enero de 2020, por ejemplo, un artículo en la revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) planteaba en un título el interrogante sobre la financiación gubernamental del periodismo: ¿un mal necesario o simplemente un mal?
A pesar del obvio sesgo del título (es malo o es… malo), en él se presentaban las visiones opuestas sobre estas ayudas, que iban desde aquellos que las consideraban buenas, hasta aquellos que las consideraban un peligro para el periodismo.
“Aceptar fondos del gobierno, sin importar las supuestas salvaguardas, nos pone en riesgo de un conflicto de intereses mortal. ¿A quién servimos, entonces? ¿Necesito decirlo? (Para responderlo) Sigue el (rastro del) dinero”, dijo Jeff Jarvis, considerado un gurú del periodismo digital y la búsqueda de nuevos modelos de negocios para los medios noticiosos.
Jarvis, sin embargo, reconoció que cualquier fuente de ingresos trae posibles conflictos de interés, afirmación patentizada en carne propia por la organización que él dirige, Centro Tow-Knight para el Periodismo Empresarial de la City University of New York, que es financiado parciamente por Facebook.
La pregunta de a quién servimos (los medios y los periodistas) puede ser respondida, en términos generales: se sirve al Gobierno de turno, a intereses políticos, a intereses particulares o al interés público.
Como decía Colin Spark en el artículo ‘La prensa, el mercado y la democracia’ (publicado en Journal of Communication): “Así como el subsidio (llamemos así a la plata que asignará el MinTIC) no significa necesariamente la intervención del Gobierno en el contenido de la prensa, su ausencia tampoco garantiza la no intervención”.
Los mismos temores que hay con la asignación de estos recursos han existido con la asignación de la pauta publicitaria oficial, que puede llevar incluso a la autocensura de los periodistas para no poner en peligro los ingresos de los medios en los que trabajan, como lo han denunciado organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
También se podría agregar que la inexistencia de un subsidio no garantiza que los medios tengan posiciones o sesgos progobiernistas.
Criterios de elegibilidad
Tan vieja es la práctica de financiación gubernamental de los medios que los expertos ya la han estudiado en profundidad y, por ejemplo, creado clasificaciones del tipo de apoyo a los medios, dividiéndolas en directas e indirectas, generales o selectivas, sopesando sus alcances y riesgos.
Según esas clasificaciones, Colombia optó por lo que se denomina un modelo directo y selectivo de pagos a las organizaciones de medios que cumplan ciertos requerimientos, en oposición al apoyo indirecto, que incluye medidas que ayudan a crear un ambiente económico favorable, fundamentalmente el recorte de impuestos, y que son menos controversiales.
Así mismo, los expertos hacen recomendaciones sobre cómo evitar o minimizar el riesgo de que los gobiernos caigan en la tentación de querer incidir en la agenda y orientación editorial de los medios y que estos vean afectada o comprometida su independencia.
Es a la luz de estas experiencias y recomendaciones que valdría la pena mirar el borrador de la convocatoria del MinTic.
La primera recomendación es que deben existir criterios transparentes y claros para determinar la elegibilidad para la financiación y para la asignación de fondos.
El borrador de convocatoria ni los anexos técnicos incluyen estos criterios de elegibilidad.
Hagamos claridad, una cosa es la elegibilidad de la propuesta, que es descrita en el numeral titulado ‘Ejes de la tranformación digital’, y otra los criterios de elegibilidad de los medios.
“Los criterios de elegibilidad utilizados para determinar qué medios recibirán apoyo varían considerablemente a través de los países. Pueden aplicarse al contenido de los medios, la posición en el mercado (participación en el mercado publicitario, circulación, tráfico, etc.) o los criterios organizativos (número mínimo de periodistas contratados de tiempo completo, modalidad de contratación, propiedad del medio, etc.)”, dicen los autores del trabajo ‘Financiación pública de medios privados’ (Public Funding of Private Media).
La idea de que estos criterios, cualesquiera estos sean, se hagan explícitos es para minimizar la discresionalidad en la asignación de los recursos y la influencia política; es decir, que el MinTIC o el Gobierno pueda obrar libremente porque no se fijaron normas previamente.
El experto colombiano Germán Rey propuso otras en una columna en La Silla Vacía: “Pensar en los medios locales, ciudadanos y comunitarios, así como en los medios digitales, en los medios universitarios y en los proyectos informativos innovadores y de proximidad”… evitar que “el dinero público vaya hacia bodegas de generación digital de información que tienen como propósito apoyar campañas electorales y diseminar contenidos discriminatorios, polarizantes y de odio con propósitos fundamentalmente de activismo”.
“Quien recibe dineros públicos debe retribuir a la sociedad por el aporte recibido. Si bien la retribución de los medios debe ser su independencia, su manejo pluralista de la agenda informativa, su rigor y calidad, existen retribuciones específicas que deberían ser parte de un compromiso de los medios favorecidos. Se deben tener en cuenta algunas de las siguientes acciones: el apoyo a la inserción de jóvenes periodistas en los medios, la promoción de experiencias de periodismo independiente, la atención especial a medios digitales informativos de calidad, la promoción de ligas o grupos de audiencias, el estímulo a procesos de formación y actualización de los periodistas, el fomento de asociaciones de periodistas…”, agregó.
En esa lista se podría incluir el respetar los derechos laborales de los periodistas o apoyar iniciativas encaminadas a desarrollar nuevos modelos de negocios que los hagan sostenibles.
Los criterios de elegibilidad dentro de la convocatoria deberían ser tan explícitos como sí lo son las causales de rechazo, las restricciones para el uso de recursos o los gastos que no son objeto de financiación.
¿Quién asigna los recursos?
La otra recomendación que hacen los expertos es que la asignación de estos recursos se haga a través de un ente ajeno a la influencia gubernamental o partidista.
“Por ejemplo, los subsidios pueden asignarse a través de una fundación o por una agencia independiente, como el Consejo Sueco de Subsidios a la Prensa, que no es obligado por instrucciones del gobierno”, dicen Robin Foster y Mark Bunting en el documento ‘Financiación pública del periodismo de alta calidad’ (Public funding of high-quality journalism).
Aunque es claro que es MinTIC quien asignará estos recursos (salvo que medios, gremios periodísticos y la presión pública logren que lo haga un ente independiente), el borrador menciona que lo hará apoyado en unos evaluadores, cuyo perfil, características, criterios de selección no son explícitos. Tampoco es claro si son evaluadores para cada una de las propuestas o para cada una de las categorías.
En el peor de los casos, si es el mismo MinTIC (léase Gobierno) quien asigna los recursos, organizaciones de medios y gremios periodísticos, invocando el mismo criterio de transparencia que se expone en el borrador de convocatoria, deberían abogar por la creación de entes independientes, financiados por el Gobierno, que vigilaran el proceso.
Migajas para nativos digitales
Dentro de las características de los esquemas exitosos de apoyo gubernamental al periodismo, Foster y Bunting mencionan lo que llaman “apertura a los medios e instituciones digitales y establecidos”.
“La financiación debería, a nuestro juicio, estar vinculada a la capacidad del proveedor para cumplir el objetivo de la política, no a un negocio en particular o modelo de distribución (del contenido)”, dicen.
Si bien el borrador del MinTIC, incluye a los medios digitales dentro de las categorías que se beneficiarán, es sorprendente la baja cantidad de dinero asignada a ellos: $4.250 millones de un total de $85.000 millones, lo que equivale a solo el 5 %.
De hecho, la sola clasificación por categorías de radio, televisión, prensa, revistas (medios tradicionales), digitales, niega una realidad de la tranformación digital: la convergencia de medios.
Al privilegiar a los medios tradicionales con mayores recursos, se corre riesgo de limitar a los medios digitales “que -usando palabras de esos autores- podrían hacer una contribución valiosa a los objetivos de las políticas (de transformación digital) y desalentar a los medios tradicionales a modernizar sus modelos de negocios”.
“Las medidas de apoyo directo a la producción deberían extenderse a las organizaciones de noticias en línea. En un mercado de medios convergente, las líneas tradicionales entre los medios se reducen. Por lo tanto, tiene sentido adoptar un enfoque integrado de los subsidios para los medios privados sin vincularlos a una plataforma o canal de distribución específico”, dicen los autores del trabajo Financiación Pública de Medios Privados.
En otras palabras, los medios digitales deberían poder competir por la totalidad de los recursos, con base en la calidad de sus propuestas, y no de una milimetría para dejar a todos contentos.
Otra de las características de los modelos exitosos de apoyo gubernamental al periodismo es enfocarse en un objetivo claro, por ejemplo -mencionan Foster y Bunting- ayudar a desarrollar modelos de negocio más sostenibles o apoyar un tipo específico de periodismo en riesgo (por ejemplo, el periodismo investigativo, local, o cívico).
Pero la ley que aprobó los $85.000 millones y el borrador de convocatoria del MinTIC atentan contra este objetivo al fijar entre sus objetivos la reactivación económica e incluir dentro de la transformación digital los procesos empresariales, lo que significa que ahí cabe, literalmente, cualquier cosa. Puesto de otra forma: la pelea por los recursos para el periodismo podría rivalizar, por ejemplo, con la adquisición de un software contable, porque eso forma parte de la digitalización de procesos empresariales.
Seguramente, este es el comienzo de la discusión de ese borrador de convocatoria, pero hay muchos temas que quedan en el tintero, como los montos máximos por cada proyecto presentado, las inhabilidades para que conglomerados de medios participen en varias categorías, el seguimiento de los proyectos una vez sean asignados los recursos, y evaluación de su éxito e impacto, etc. etc, etc...
