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Radiantes y felices aparecen en las fotos los gerentes de las cooperativas cafeteras -posando con el gerente general de la Federación de Cafeteros- en la firma de los acuerdos de transacción que los exime de toda obligación con relación a los compromisos que tenían por los contratos de venta de café a futuro, quedando simplemente con una deuda que, en algunos casos, se pagaría en plazos hasta de 20 años.
La verdad, con toda la razón, quienes recibieron tamaño beneficio y el perdón por la falta cometida, celebraban con alborozo. Unos gerentes que irresponsablemente, sin sanción hasta la fecha, anunciaron un café que no tenían ni en bodega ni con compromiso de entrega por parte de los productores; con unas empresas amenazadas, por cuanto si llegasen a realizar el registro de la obligación -como mandan las normas contables- quedarían en causal de disolución.
Por el contrario, recibieron un regalo como mayor precio del café de $1.194.000 por carga y los $899.000 restantes, como un crédito a largo plazo para tapar el roto. Pero, para terminar de “maquillar los balances”, les permitieron contabilizar la deuda descontada a valor presente, para no afectarlos de forma tal que los llevara a la liquidación.
Todo este espejismo se realizó supuestamente para quitarles, al Gobierno y a la oposición, las banderas que enarbolan afirmando que la Federación acabó con las cooperativas, dado que son su prioridad.
Se equivoca el presidente Gustavo Petro en sus discursos, dado que la mayoría de las cooperativas cafeteras no ejecutan las labores que él se imagina para beneficio de los asociados, como los son el ahorro y crédito, la comercialización de productos, salud, educación, vivienda, etc.; simplemente son un instrumento de compra de café. Pero tampoco son más de 80 como anuncia el gobierno; son sólo cerca de 32, avaladas por la Federación para usar recursos del Fondo Nacional del Café; las demás son más bien extrañas, pero las que más han hostigado al gobierno.
Además, las cooperativas avaladas por Fedecafé sólo tienen aproximadamente 80.000 socios con aportes que apenas superaban los $115.000 millones. En consecuencia, si tan sólo un poco más de diez estaban en este problema, solo reflejan la falta de diálogo del gremio con el Gobierno para hacerlos ver que estaban defendiendo lo que no corresponde.
Lo natural era ejecutarlos y suplir la red de compras con Almacafé, como históricamente se hizo cuando una cooperativa se quebraba, y también cuando ellas no existían y se adquiría todo el café. Hubiera sobrado dinero para constituir unas nuevas sin este lastre.
No se sancionó a los gerentes irresponsables que ayudaron a generar el problema; tampoco a los garantes de este descalabro en la Federación, que ahora, con la solución, ratifican su corresponsabilidad.
Sobra advertir que la Contraloría General de la República -como auditora de las cuentas del Fondo Nacional del Café- tendrá la última palabra sobre lo que los administradores han diseñado, y que indujeron a los miembros del Comité Directivo a adoptar estas decisiones; en mi concepto autoexcluyéndose de la responsabilidad como representantes legales, al no firmar el comunicado en el que anuncian las delicadas decisiones, cuando es el gerente quien responde por la institución y el contrato.