Del monotributo al nuevo régimen simple

Según el Dane, la línea de pobreza monetaria anual es de $13.242.423, o sea, un poco más de $1.100.000 mensuales. con este importe, una familia de cuatro personas de bajos ingresos, paga los gastos básicos de alimentación, arriendo, servicios, transporte y educación de los hijos. Si la familia posee un micro-negocio informal, para que éste le genere el mencionado flujo de ingresos, debe vender un poco más de $156 millones al año (con un margen bruto de 16% y un costo de operar de 7,5%). Según cifras de 2015 de Fenaltiendas y actualizadas por inflación a 2018, solo cerca de 54% de 198.000 tiendas de barrio, superan este valor de ventas; el resto ni siquiera genera los ingresos mínimos para superar este umbral. De 54% que sí lo logran, todas hubieran tenido que destinar la totalidad de su margen para poder sufragar los gastos de ser formal en el régimen común. El porcentaje de tiendas cuyos ingresos no superan el umbral harían parte del régimen simplificado de IVA; para ellos, el Gobierno anterior propuso el monotributo con el fin de aliviar la contribución de renta; esta iniciativa que buscaba simplificar la relación tributaria y disminuir el costo de la formalidad tuvo un resultado precario pues 20 meses desde su puesta en marcha, apenas 11 comercios (fuente Dian) se han adherido al esquema.

La problemática va más allá del aspecto tributario. Antes del monotributo y aún ahora con el nuevo planteamiento del Régimen Simple, han existido cuatro componentes de costo para ser formal, que en el régimen común sumarían alrededor de 52% del margen de un pequeño comerciante: En primera instancia el laboral: entre la ARL + CCF y Pensión + EPS se llevarían 17,35% del margen bruto. Siguen los relacionados con otros costos de formalización que cubren registro mercantil, creación de sociedad, bomberos, Sayco y Acinpro; estos consumen 4,5% del margen. El tributario con la Retefuente, Rete Iva y Rete Ica que pesan 29,78%; y por último, los costos financieros de recibir pagos electrónicos que a la comisión promedio que se cobra por los sistemas de pago pesarían 2,25% del margen bajo el supuesto de una participación de 20% del total de las ventas. Si unimos esto con la realidad económica y comercial de las tiendas de barrio descrita arriba, apenas 4% de ellos lograría generar los ingresos de supervivencia.

Según la metodología de Roubinni Associates, los efectos positivos de los pagos electrónicos en la economía van desde impacto en las ventas, pasando por el crecimiento del PIB, generación de empleo, mejora en la productividad y crecimiento salarial. Los pagos electrónicos se habilitarán de manera masiva únicamente si se logra formalizar a los comercios. Formalizar al 100% implicaría aceptar que se debe exonerar de estos costos a una gran parte del universo que nunca tendrá la posibilidad de asumir la formalización y capturar los beneficios que se derivan de su pertenencia al sistema. Para 42% que si puede, incluso se pueden crear niveles de contribución, en función de sus volúmenes de venta como se hizo en Brasil en donde más de 11 millones de comercios se han adherido.