Administrar empresas de servicios públicos

El Estado debe ejercer el monopolio de la fuerza, construir las reglas de convivencia y juzgar la sujeción a ellas, desplegar iniciativas para impulsar el desarrollo social y económico, y supervisar la adecuada prestación de servicios públicos, que atienden necesidades básicas de la sociedad, por entidades de propiedad estatal o privada. Los servicios públicos son importantes porque su cobertura y calidad inciden en la vida de todos los asociados. Su ámbito incluye ciertos monopolios naturales, como la distribución de agua en cascos urbanos, las autopistas y vías férreas, y el transporte urbano de pasajeros. La distribución de electricidad y gas hoy también lo es, pero esta situación cambiaría si se pudiera acumular energía sostenible.

En salud pública hay propuestas para establecer monopolio estatal en promoción, con argumentos de control de costo, pero la experiencia aconseja evitar riesgos de gestión pública, que inhiben la innovación e impulsan la burocratización. En contraposición, el diseño urbano debe incorporar instituciones educativas públicas cerca de todos los ciudadanos, para facilitar la capacitación permanente a la población adulta con el fin de asegurar su vigencia laboral en un mundo de cambios constantes. Los servicios bancarios, hoy oligopolios regulados con rentabilidad segura, con el argumento de que se debe proteger a depositantes, están amenazados por la prestación del servicio desde los bancos centrales.

Administrar entidades que prestan servicios públicos requiere ética, rigor, imaginación y perseverancia. La principal restricción es el limitado margen de error, por el impacto posible para toda la comunidad. Por ello es necesario que las empresas que los asumen se sujeten a reglas de buen gobierno corporativo, sean sólidas desde la perspectiva financiera, tengan políticas comerciales, operativas y administrativas ordenadas, y sean transparentes en la información.

Esto parece obvio, pero en la práctica la tentación del lucro inmediato perturba decisiones, a veces a expensas de la comunidad destinataria de los servicios. A veces es necesaria la intervención de empresas por la entidad vigilante para su administración; para esta situación conviene establecer fideicomisos con junta conformada por profesionales de reconocida idoneidad.

La vida de las empresas está llena de riesgos; el mayor quizás es el asociado con conductas indebidas, que socava la legitimidad de su devenir. Para mitigarlo son necesarios normas claras y sistema punitivo confiable.

La integración comercial y cultural del mundo ha tenido beneficios en acceso a tecnología, pero también puede haber socavado la sujeción de conducta a reglas: la normatividad hoy es de ámbito limitado, en tanto que los resultados financieros del capital internacional desbordan fronteras, la remuneración a ejecutivos es desmesurada en relación con el valor que agregan en muchos casos y fundamentada en logros de corto plazo en general, y la capacidad coercitiva de lo público se ve entorpecida por desorden institucional. Los procesos acertados no aseguran la adecuada prestación de servicios públicos, pero hacen más probable el resultado necesario. Los cambios del mundo obligan a desestimar criterios que antes tuvieron validez: los éxitos del pasado no son prueba de eficacia, ni hay soluciones óptimas de carácter definitivo: el mundo vive en reinvención.