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La cadena eléctrica comprende generación, transmisión, distribución y comercialización. La primera y la última admiten competencia; la segunda y la tercera son monopolios naturales. Colombia se ha orientado a generación hidráulica.
La administración de Carlos Lleras creó Interconexión Eléctrica S.A. en 1967 (ISA), que robusteció la transmisión, lo cual permitió suministrar electricidad a todo el país rápido. La composición accionaria de ISA evolucionó porque las entidades accionistas originales, de carácter regional - Empresa de Energía de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Corelca y CVC - cedieron participación a la Nación en contraprestación por el servicio de deudas para ejecutar proyectos. La capacidad de generación creció y se construyó la red de transmisión.
La crisis de la deuda de los años 80 obligó a buscar fórmulas para que la deuda del sector eléctrico gravar al gobierno central a largo plazo. La Ley 142 (de Servicios Públicos) y la Ley 143 (Eléctrica), expedidas en 1994, abrieron el camino para tener marco regulatorio adecuado y asegurar la viabilidad de empresas con eficiencias razonables y facilitaron la vinculación de capital privado al sector.
Los establecimientos públicos vinculados al sector tuvieron que transformarse en empresa industrial y comercial del Estado o en sociedad anónima. Se fijaron límites a la participación individual en el mercado total.
En 1995 se escindió ISA y se creó una empresa con los activos de generación, ISAGÉN, finalmente vendida en 2016. Emgesa y Codensa, filiales para generación y para distribución y comercialización establecidas por Empresa de Energía de Bogotá, vendieron control en 1997; por cuenta de la mejor administración, EEB (hoy Grupo de Energía de Bogotá) recibió, mediante la reducción del valor patrimonial, enormes recursos.
El modesto crecimiento del sector manufacturero desde 1991 redujo la tasa de aumento en el consumo de electricidad y la necesidad de inversión en transmisión, lo cual facilitó inversiones internacionales de ISA, Grupo de Energía de Bogotá y Empresas Públicas de Medellín. El veredicto sobre estos esfuerzos no es definitivo.
En las intervenciones a empresas de distribución y comercialización de electricidad la Superintendencia de Servicios Públicos no estableció la fiducia de la Ley 142, que en la práctica habría significado delegar en los líderes profesionales y empresariales de la respectiva región los problemas de gestión en Emcali y en Electrificadora del Caribe.
En el primer caso el foco de la intervención fue el reperfilamiento de la deuda y el aseguramiento de recursos para pensiones; en el segundo fue la búsqueda de inversionista para el negocio en marcha, con contingencias legales. Hacia adelante, preocupan los incentivos perversos al consumo por el sistema de subsidios a estratos bajos.
También será necesario atender la transformación vehicular hacia electricidad, y el país no está preparado. Finalmente, la puesta en práctica de las recomendaciones de la Misión para la Transformación Energética y Modernización del sector podría resultar en grandes beneficios o en catástrofe, según la forma en que se pongan en práctica. Los retos son enormes, y requieren trabajo en muchos frentes. La mala calidad de la gestión pública del país, por deficientes procesos, puede ser el mayor obstáculo para avanzar en regulación, vigilancia e incluso en operación.
