Colombia: diagnóstico y soluciones

Es evidente que el Estado no funciona en forma adecuada: el legislador es muy deficiente, la justicia es ineficaz, la informalidad es condición de la mitad de la población activa en la economía, la tasa de homicidios es muy alta, la corrupción campea, la educación pública es pésima, y no hay perspectivas de crecimiento económico rápido y sostenido por la baja productividad y la desarticulación entre gobierno central y regiones.

Está clara la incapacidad de gobiernos anteriores para impulsar la diversificación de la canasta exportadora, abrir la economía a la competencia internacional y suprimir protecciones no arancelarias, simplificar el estatuto tributario y desmontar privilegios, facilitar el empleo formal y hacer efectivo el monopolio estatal de la fuerza en el territorio.

El gobierno actual, en vez de impulsar los cambios necesarios para enderezar el derrotero nacional, ha agravado las cosas con gestión desacertada: ha puesto los servicios de salud en dificultades en detrimento de los usuarios, improvisado proceso de paz total, ofrecido reforma laboral para hacer más difícil el empleo productivo y reforma pensional insostenible, declarado intención proteccionista en materia económica y formulado propuestas inconvenientes en materia constitucional a través de mecanismos no representativos.

Ha aumentado el número de personas en el gabinete, que desde hace mucho tiempo más que dobla lo razonable para coordinar con eficacia, declarado hostilidad a los alcaldes y gobernadores de grupos políticos diferentes al suyo, y desplegado desorden infinito en la gestión. Sus colaboradores inmediatos no cumplen los requisitos del respectivo cargo.

Hay mucho por hacer para pasar a la posteridad, si ese es el propósito de Gustavo Petro. Más allá de las medidas económicas no ejecutadas por sus predecesores, debería revisar los procesos públicos básicos: hacer reglas y juzgar conductas. Si lo hiciera, concluiría que los procesos consagrados en la Carta son obstáculo para el cumplimiento del objetivo de construir en Colombia el estado social de derecho pregonado en la misma Constitución y promueven la corrupción. Pondría en tela de juicio el régimen presidencial, el control externo como pilar del sistema para prevenir la corrupción, la subordinación de la policía a los alcaldes en cada uno de los más de 1100 municipios, el desorden en la gestión judicial por mal diseño institucional y el bajo umbral para la vigencia de partidos y movimientos políticos.

El examen ordenado de los problemas institucionales lo llevaría a concluir que el camino para corregirlos no es convocar Asamblea Constituyente. Más bien vincularía a un equipo multidisciplinario para revisar la Constitución artículo por artículo en forma ordenada, simplificar su redacción, arreglar los procesos deficientes con uso de diagramas de flujo según técnicas utilizadas en el sector privado del mundo desarrollado desde la posguerra, suprimir lo improcedente, divulgar los avances y abrir espacios para discusión pública con el fin de mejorar la propuesta. Al final propondría al país un referendo para una nueva Carta, que conserve lo bueno de las instituciones existentes y al tiempo sea apoyo para cambiar de rumbo. Tendría colaboración de muchas personas idóneas de diversos sesgos políticos, a su disposición para la tarea. Nunca es tarde para razonar y corregir el rumbo.