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Cometer delito es incurrir en conducta antijurídica tipificada en el código penal y sancionada con pena. En el ámbito clásico la intención era factor crítico. Hoy hay delitos para cuya calificación no es preciso demostrarla; así, la evasión del IVA es delito sin discusión. Las sanciones a las conductas especificadas en el código tienen tres propósitos: evitar que quien las comete continúe en el ejercicio de conductas indebidas, disuadir al resto de la sociedad de que se puede violar las normas sin sanción y rehabilitar a quien incurre en ellas.
En la práctica, la mayoría de los delincuentes no son materia prima para una pedagogía tardía e inapropiada; así, la experiencia carcelaria solo reafirma prácticas inapropiadas, y las condiciones carcelarias son desastrosas en casi todas partes. No todos los sicópatas, sociópatas y narcisistas son delincuentes, pero es preciso aclarar que ellos, cuya proporción puede ser cercana a 10% de la población total, no tienen tratamiento eficaz, al menos en esta época; puede que el futuro depare posibilidades hoy insospechadas.
La humanidad no tiene criterio uniforme sobre las conductas indeseables. De allí que haya regímenes federales, con normas penales más restrictivas que la norma federal en algunas regiones. Además hay conflictos entre normas: la Constitución de Colombia defiende los derechos humanos pero las reglas establecidas en comunidades indoamericanas contemplan castigo físico, que los viola.
Los sistemas religiosos pueden motivar para matar a quienes no militan en sus huestes. La prohibición del consumo de sustancias tóxicas, quizá impulsada por quienes tienen interés en la venta de armas, puede saturar las instalaciones carcelarias con consumidores sin lograr resultados positivos, y perturbar en forma muy grave la vida cotidiana de los países donde se produce.
No hay consenso sobre cómo abordar los riesgos derivados de la existencia de bases de datos fruto de acceso privilegiado a asuntos íntimos: aterra la posibilidad de inferencias inteligentes para manosear a los usuarios y no se sabe cómo prevenir esos abusos.
La tarea más compleja para las instituciones públicas del siglo 21 es conciliar prohibiciones, sanciones y estímulos en la sociedad global. El costo del arbitrio local ejercido sin buscar soluciones en forma ordenada es infinito: desde el poder se promueve la violación del respeto por los demás, a veces con justificaciones étnicas o retórica religiosa. El reto educativo es preparar a la humanidad para nuevas aventuras y evitar catástrofes. Punto de partida necesario para el cultivo de la virtud es la reflexión sobre la necesidad de coexistir con las demás especies, así la plena armonía sea imposible.
Nos esperan la necesidad de conciliar nuestro número, que se nivelará cerca de los 10.000 millones, el imperativo de aumentar el ingreso per cápita en los países de ingreso bajo y medio, la misión de construir democracia en todo el mundo como base de una ética global, y la tarea de proteger la vida hasta donde sea posible.
La arquitectura institucional necesaria para estos propósitos exige claridad en lo que se puede y lo que no se puede hacer, y consistencia entre letra y realidad, logro siempre esquivo. Educación que alimente la imaginación y facilite la funcionalidad durante la vida productiva es la munición efectiva; la sanción es necesaria pero no es solución.
