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La humanidad aumentó sus expectativas en forma sostenida desde comienzos de la revolución industrial; tuvieron papel protagónico en Occidente los derechos del ser humano entronizados en el sistema político inglés, el de EE.UU. y las instituciones de la revolución francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados victoriosos establecieron en 1945 el sistema de Naciones Unidas en la conferencia de San Francisco. La organización, de acogida universal, proclamó en 1984 su declaración de derechos humanos, con papel importante del Mariscal sudafricano Jan Smuts, cuyo Partido Nacional pocos años después se volvió racista, en gran ironía.
Los países miembros, incluida la Unión Soviética y sus satélites Ucrania y Bielorrusia, todos totalitarios, la acogieron, pero en la práctica no ha tenido la debida aplicación. No se impuso en Rusia la filosofía liberal al caer el comunismo, y hoy tambalea en Polonia y Hungría. Por supuesto no se permite la libre expresión en China, el país más poblado. En India, el segundo más poblado, hay rezagos de la sociedad tradicional organizada en castas, y polaridad religiosa entre la mayoría hinduista y la minoría musulmana, de doscientos millones. Los países de mayoría musulmana tienden a caer en manos de grupúsculos cuyos discursos nacionalistas atan la vida del espíritu a interpretaciones intolerantes de la normatividad coránica como herramienta para mantener el poder. En Corea del Norte, Cuba y Venezuela todavía funciona el dogma leninista, con el partido comunista en poder pleno, y sin mayor margen para la propiedad privada o la libre expresión.
El mundo entero enfrenta el asalto a las reglas básicas de convivencia porque se ha perdido el temor a la reincidencia de la guerra total. En Colombia, desde que comenzó la guerra de la coca en los años 80 del siglo pasado, las tasas de homicidio son muy elevadas La constitución anterior era formalista, con una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia; la Carta de 1991 enunció de manera detallada derechos fundamentales, en general consistentes con las enunciaciones de Naciones Unidas, y creó la corte constitucional, activa garante de derechos desde el principio, incluso quizá sin la necesaria verificación de viabilidad y consistencia, pero la realidad sigue distante de los propósitos, pues la violencia nos rodea y los procesos públicos son ineficientes e ineficaces en general.
En general, en los países desarrollados imperan los derechos fundamentales, en normas, en pronunciamientos judiciales, y en la vida diaria. El contexto es diferente del nuestro: el Estado ejerce el monopolio del poder coercitivo, y los ciudadanos evitan lo prohibido, pero exigen respeto. Por supuesto hay discrepancias sobre el alcance de las normas; así, el derecho a la vida del feto en el vientre materno está en conflicto con el derecho de la madre sobre su propio cuerpo; estas diferencias se zanjan mediante reglas que debe establecer el Legislador.
Nuestros mecanismos de formación del Congreso hacen muy difícil la tarea; se busca modificar asuntos no centrales de la justicia en vez de revisar todo el conjunto de reglas básicas para legislar y juzgar. Se logró la desmovilización de los enemigos menos violentos y más ordenados en la guerra de la coca, para lo cual se convino laxitud penal, pero no se ha cumplido con sancionarlos con dureza por delitos atroces. No hay derecho.
