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El diseño del Estado en Colombia no es adecuado para las exigencias de hoy. No hay verdaderos partidos: el legislador se forma con empresarios electoreros, cuya inversión en la respectiva campaña excede con creces la suma total de la remuneración que obtendrán si logran el resultado en las urnas.
La justicia no es confiable: los procesos son muy largos y las jurisprudencias inconsistentes, las diversas instancias son permeadas por el delito y los pronunciamientos pueden tener sesgo dictado por aspiraciones profesionales ulteriores de los magistrados. La educación pública es mala comparada con estándares internacionales. La infraestructura es deficiente.
La asignación del gasto no sigue criterios rigurosos y ordenados. El control está en cabeza de ruedas sueltas orientadas a posicionar ante la opinión pública al funcionario responsable de la Contraloría o la Procuraduría, sin método consistente.
En verdad el país no tiene orientación al largo plazo, ni hay la autonomía local necesaria para definir y ejecutar estrategias de desarrollo social y económico consistentes con las ventajas comparativas respectivas de cada región.
El resultado es escandaloso: la distribución del ingreso no mejora en absoluto como consecuencia de la gestión pública. El coeficiente de Gini es el mismo antes y después de impuestos.
La economía ha crecido en forma sostenida desde 2003, y se evitó en buena proporción el impacto de la crisis financiera mundial de 2008-2009, pero los beneficios no se han llegado como deberían a buena parte de la población porque la corrupción induce distorsiones enormes en la asignación de los dineros públicos, y porque la gestión de la economía, orientada a la extracción de recursos naturales no renovables, no impulsa otros sectores con más valor agregado, ni ofrece oportunidades a la población joven de manera congruente con la evolución social del país; las esperanzas se frustran, así los indicadores de ingreso parezcan buenos porque el precio del petróleo ha estado, en general, alto.
El precio del petróleo puede caer si hay rupturas en el seno de la Opec, donde conviven los archienemigos Arabia Saudita, reino sunita con prácticas machistas irrespetuosas de derechos humanos básicos, e Irán, cuyo régimen teocrático shiita puede caerse porque no aborda en forma adecuada las expectativas del grueso de la población.
Aún si nada de esto ocurre, el consumo de gasolina en los países desarrollados tiende a bajar. Si Colombia no se organiza para diversificar su economía, el estancamiento resultante de menores precios del petróleo amenazará nuestra precaria democracia y la propiedad privada de los medios de producción, vulnerable al populismo.
Mitigar el riesgo exige mejor calidad de gasto, de forma que la erogación de hoy incida de manera positiva en la productividad de mañana. Esto solo se puede lograr con procesos públicos ordenados en forma menos irracional, en todos los frentes.
La improvisación de la Asamblea Constituyente de 1991 produjo un Estado ineficiente y corrupto. Es claro que organizar mejor las cosas no basta, pero sí es condición necesaria para consolidar valores consistentes con los magníficos propósitos de la Carta.
El caos condena a mucha gente en estamentos vulnerables a la miseria y socavará la confianza del grueso de la sociedad cuando la bonanza se acabe. Es más fácil resolver el problema que convivir con él.
