Economía agraria

Colombia tiene 25 millones de hectáreas con vocación agrícola. Sin embargo, solo aprovecha 20% en forma acertada. Para usar bien la tierra y producir muchos más alimentos es necesario facilitar el establecimiento de cadenas de valor agroindustriales, con base en las ventajas comparativas relativas de cada región, y así lograr productividades que las hagan competitivas. El análisis debe incorporar elementos de contexto complejo: los subsidios al agro en la Unión Europea y EE.UU. inducen serias distorsiones en los precios para las transacciones en el resto del mundo. Los esfuerzos de Australia y otros países exportadores para construir un mercado libre, con eficiente asignación de recursos en economía abierta para beneficio de los consumidores del mundo, hasta ahora no han tenido éxito, lo que perjudica a países en vías de desarrollo productores de bienes no diferenciados.

En Colombia es preciso revisar muchas cosas en materia agraria: el Estado debe ofrecer seguridad, justicia, infraestructura, incluidas vías terciarias para facilitar la integración entre la periferia y el núcleo del país, educación, paquete tecnológico y cooperativas para acceder a maquinaria y comercializar. El petróleo, la mitad de las exportaciones sin ser país petrolero, causa volatilidad en la tasa de cambio: se necesitarían mecanismos de transición para construir cadenas productivas importantes que faciliten diversificar la canasta exportadora.

Las diferencias en ingreso per cápita urbano y rural en el país son enormes, lo cual se refleja en la enorme dispersión entre los 32 departamentos. La articulación entre regiones y gobierno central es deficiente: la Nación tiene el control sobre recursos de libre disposición, pese a las intenciones de descentralizar al elaborarse la Carta de 1991. Las clases media y alta participan de manera desproporcionada en el consumo, y suman solo del orden de 30% de la población total; en contraste, más de 30% está por debajo de la línea de pobreza, y más de 45% de la población rural.

Por ello, maximizar el bienestar del consumidor puede no ser solución óptima hoy. El máximo ingreso no es tampoco objetivo perfecto, pero en la práctica Colombia necesita crecer rápido para aumentar el valor relativo del trabajo, y ello exige participar en la economía global, pese a los subsidios y protecciones en el grueso de los países ricos para los productos del agro.

La presunción de vocación agrícola para la población rural es inapropiada; las opciones de vida urbanas atraen, y las comunicaciones posmodernas favorecen preferencias diferentes. De otra parte, la tecnología impulsa la tendencia a que la unidad mínima cultivada sostenible aumente, en tanto que los mercados internacionales ofrecen espacio para cultivos de alto valor agregado, intensivos en mano de obra calificada. El buen uso de la tierra, recurso escaso, y el acierto de quienes la trabajan con apoyo del conocimiento, pueden aumentar mucho la productividad. Políticas públicas efectivas para el desarrollo agrario integral, con evaluación rigurosa del beneficio social y económico de cada medida, aumentarían el ingreso de manera eficiente, reducirían diferencias en todos los ámbitos, serían más efectivas contra cultivos ilícitos que la erradicación forzosa, impulsarían la tarea de aclarar la propiedad de la tierra y adjudicar lo procedente, y aumentarían la autonomía alimentaria. Procede impulsarlas.