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El concepto de ética se refiere al comportamiento apropiado o inapropiado de las personas en su respectiva comunidad. Por ende, los criterios para calificar conductas, e incluso las posibilidades mismas de acción, cambian según lo hagan el conocimiento que se incorpora en la calificación y la sociedad misma.
La economía, por su parte, busca en términos generales aumentar el ingreso, definido en forma gruesa como la suma del valor de los consumos, la inversión y el gasto público.
El propósito de mejorar la distribución del ingreso puede ser el camino para aumentar el ingreso futuro, porque facilita la probabilidad de aporte de toda la población a la tarea de obtener más valor en la actividad económica, sobre todo si se ancla en el propósito de reducir desigualdad de oportunidades.
La ética no siempre valora en forma positiva el aumento del ingreso. Así, hoy no caben el trabajo esclavo ni el uso abusivo de lo ajeno para construir valor.
No hay dos comunidades con éticas iguales: cada una establece sus normas, muchas de las cuales se convierten en leyes respaldadas por el poder coercitivo del Estado respectivo. Las leyes fundacionales definen cómo se producen las demás leyes y quién interpreta si hay desviación entre ley y conducta.
A finales de los años sesenta del siglo pasado el economista americano Gary Becker aportó a la discusión sobre la valoración de conductas desviadas el cálculo de la diferencia entre el producto de la probabilidad de sanción por los agentes estatales por el costo de la sanción y el beneficio para el agente económico que enfrenta el dilema de violar las leyes.
Lo cierto es que la cadena de actores en el proceso de detectar, allegar pruebas, juzgar, sancionar y hacer efectiva la sanción es compleja, y cada eslabón puede tener sus propios propósitos.
Toda persona está siempre en riesgo de conflicto con los intereses de la comunidad como un todo. Además, toda conducta individual afecta de una manera u otra a todas las demás personas y, como se ha planteado, los criterios de valoración cambian con el tiempo.
El mayor dilema quizá gira sobre si se debe tasar de igual manera los impactos de medidas o conductas para quienes viven hoy y para quienes aún no han nacido. Tampoco es fácil definir reglas generales para asignar peso relativo al costo y beneficio económico, social y ambiental.
La permanencia de la especie bajo reglas de respeto establecidas al final de la segunda guerra está amenazada en el relativo corto plazo por la problemática ambiental. Es ineludible reflexionar sobre las conductas apropiadas, y diseñar marcos normativos adecuados para impulsar la sostenibilidad. Toda la ciudadanía está llamada a impulsar los cambios necesarios para la transformación de la respectiva sociedad con el fin de evitar desastres de consecuencias inimaginables.
Es preciso participar en la revisión de las normas de convivencia que permitan aumentar el ingreso sin amenazar la sostenibilidad ambiental y social. Por supuesto es más cómodo no escuchar a quienes propongan criterios diferentes para valorar conductas, pero sin deliberación no hay soluciones.
El impacto de diversas opciones de políticas en la economía y la sociedad del futuro se puede estimar, así sea con imprecisión, como criterio para priorizar posibilidades y excluir las indeseables. La ética exige estudiar con rigor las diferentes alternativas.
