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El equipo primario de presidencia, conformado por ministros, directores de departamentos administrativos y demás subordinados directos del Presidente, suma 28 personas, sin contar altas consejerías. Esta cifra más que dobla el límite superior de cualquier equipo primario para trabajar de manera coordinada y volver realidad las estrategias que se hayan definido. Cabe resaltar el caso de un ministerio con especial nivel de ineficacia, el pésimo diseño institucional establecido en la ley que lo creó. El gobierno actual sostiene que el tema es de su mayor interés, pero no enfrenta el problema. El ministerio en cuestión es el del Medio Ambiente, establecido por la Ley 99.
El primer error de la ley fue haber establecido corporaciones autónomas como autoridades ambientales sin tener en cuenta la realidad física por encima de la geografía política; hay departamentos con varias regiones y regiones con varios departamentos. Así, la Costa Pacífica abarca partes de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, cada uno con su corporación; el primero incluye la cuenca del río Atrato, que vierte sus aguas en el golfo de Urabá, en tanto que los otros tres incluyen zonas de cordillera occidental y central, y valles entre ellas; el río Cauca desemboca en el Magdalena, que a su vez desemboca en el mar Caribe. La inconsistencia entre el mapa político y el ambiental es evidente de una u otra forma en todo el territorio nacional. Se registra como curiosidad la creación de la Corporación del río Magdalena en la Constitución.
Otro problema es la inadecuada gobernanza definida para las corporaciones, que se presta para la política, con espacio en los Consejos, cúpula de la administración de cada una, para alcaldes escogidos por todos los del respectivo departamento, y para comunidades étnicas, reconocidas de manera especial en la Constitución con fundamento en lo cultural: algunas tienen prácticas ancestrales amistosas con el ambiente, pero eso no califica a sus voceros como personas acertados para la responsabilidad de la gestión ambiental.
La orientación general en asuntos ambientales se debe traducir en dirección de una autoridad nacional, pero el acierto en ejecutar la tarea sería más probable en lo regional. La Agencia Nacional de Licencias, entidad del gobierno nacional, está expuesta a conflicto de intereses en proyectos mineros de gran envergadura: cabe la tentación de privilegiar el propósito fiscal, con consecuencias nocivas en lo local si las medidas para mitigar riesgos son insuficientes.
El Ministerio del Medio Ambiente es solo un ejemplo de ineficacia. Toda la estructura gubernamental nacional es lamentable. La desarticulación de educación, ciencia, cultura y recreación será muy costosa en el largo plazo. La ausencia de sistema de control interno atado al registro de transacciones asegura mala calidad del gasto público. La subordinación de la policía al respectivo alcalde en cada municipio invita al caos. La incapacidad del Estado para proteger derechos fundamentales en el grueso del territorio nacional, con más de 400 municipios bajo control de grupos ilegales armados, es inaceptable.
El colapso gradual del sistema de salud es muy grave. La baja productividad y la elevada informalidad no reciben atención.
El desorden es obstáculo serio para rescatar al país de la pobreza. Se recomienda más interés en temas básicos de administración y menos en batallas retóricas.
