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El Estado liberal está amenazado: la libertad de expresión y el respeto por la divergencia son valores foráneos en muchas partes del mundo; el diseño de sus procesos no obedece a mejores prácticas sino más bien a diversas raíces históricas en cada país; la decisión de escoger entre distintas opciones no es acertada si la formación de opciones no es eficiente.
El reto de defender y consolidar el gobierno de todos y para todos está ligado con la calidad de la educación: no basta la cobertura universal, pues las limitaciones fruto de deficiente formación básica y media ponen techo bajo al potencial efectivo de los miembros de la sociedad.
Además es preciso ordenar el discurso político con pautas que protejan la libertad de expresión mediante el florecimiento de narrativas no dogmáticas, abiertas a la discusión y fundadas en hechos. Lo cierto es que buena parte de los electores, aun en Occidente, donde surgió la iniciativa de cultivar la libertad como propósito social, hoy no están preparados para tomar decisiones racionales, con base en la evaluación rigurosa de alternativas, y la complejidad de los sistemas sociales crece con las herramientas cibernéticas y los flujos de información por diversos canales.
El ideal democrático ha avanzado en el último siglo con la alfabetización generalizada en todo el mundo, pero la dilución de los canales de comunicación hace más compleja la discusión de propuestas: el sesgo de los protagonistas, así aduzcan pretensiones de objetividad, invade los medios.
Lo público del mundo no está preparado para aprovechar de manera eficiente la avalancha de canales para negociar de manera consistente con el propósito, quizá un tanto difuso, del interés general, que permea la propuesta del Estado Social de Derecho.
El punto de partida conceptual para las decisiones es simple: se identifican oportunidades de continuar con reglas establecidas o cambiarlas, criterios para valorar cada opción, probabilidades de desenlaces excluyentes, y riesgos inherentes, y se concluye. Sin embargo, el discurso usado para propuestas, argumentos y decisiones suele no reflejar la realidad: ella desborda la capacidad de los humanos para interpretarla.
Enfrentamos retos de enorme dimensión en comparación con toda época anterior en la breve historia de nuestra especie, de solo 300.000 años en los 13.800 millones de años del universo que habitamos. Hemos acumulado dióxido de carbono y metano en la atmósfera terrestre con efectos nocivos sobre el ambiente, construido armas de destrucción total, y aceptado que empresas privadas procesen toda la información que pasa por sus canales para así perforar nuestra intimidad.
Es preciso estar a la altura de las tareas necesarias para sobrevivir. Para ello necesitamos dotar a las instituciones de precisión en el lenguaje y prevenir conductas comunicativas peligrosas.
De allí la importancia de que el diseño de lo público incorpore reglas para impulsar el sentido crítico: la realidad cambia, nuestra percepción es imprecisa y los criterios para formar juicios pueden evolucionar con el uso de mejores herramientas.
La responsabilidad de administrar lo público obliga hoy a poner en tela de juicio linderos, normas, criterios para juzgar conductas y procesos de gestión. La faena de pulir el lenguaje de lo público no tendrá fin porque la importancia relativa de los asuntos cambiará con las circunstancias.
