Territorios y desorden fiscal

El proyecto de Acto Legislativo en curso para modificar las reglas mediante las cuales se redistribuyen los ingresos corrientes de la Nación aumentaría en forma gradual la proporción de los recaudos a los departamentos y municipios. El proceso tomaría doce años y contempla que la ley reasignará con acierto a unos y otros funciones que hoy están a cargo de la Nación.

El proyecto evidencia liviandad. Sus consecuencias pueden ser funestas. Presume que el ordenamiento territorial actual en municipios y departamentos es acertado, y las tareas a cargo se cumplen de manera adecuada; la realidad es que el país se municipalizó con la entrega directa de los recursos a los municipios certificados, que hoy son la mayoría, como consecuencia de lo cual los departamentos, uno por cada ciudad importante, perdieron su papel. Lo correcto sería más bien suprimir los departamentos, y establecer unas 5 a 7 regiones. La Carta la permite. No se ha puesto en práctica porque la politiquería del orden departamental lo ha impedido.Se debería, además, ordenar la administración central en correspondencia con lo que se definiera como ordenamiento regional, para así facilitar la articulación apropiada entre lo nacional y lo regional.

Hay riesgo muy significativo de que la reforma en curso desemboque en más corrupción en el orden municipal, hoy lleno de manchas, menos visibles que las del orden nacional, pero quizás mayores en relación con el tamaño de las sumas de recursos y, más allá, en proporción creciente entre más pobre sea el municipio. El país carece de sistema de control interno, y ha entregado la responsabilidad de verificar que las transacciones cumplan con los objetivos y restricciones establecidos a entes externos a la administración, como las contralorías, la procuraduría y, en últimas, la fiscalía. Este error de diseño hace más vulnerables los recursos.

El camino para reducir la desigualdad no se recorre como se debe con la simple redistribución: a Colombia le caben cambios sociales y económicos, que se pueden impulsar mediante la aplicación de estrategias bien formuladas, para aprovechar ventajas comparativas relativas, diferentes en cada región, con distintos requerimientos de aporte público, cuyo resultado sería el crecimiento del ingreso de manera rápida y sostenida.

Por supuesto, los propósitos de descentralizar son correctos, pero deben estar precedidos de revisión integral a los procesos básicos del Estado, el primero de los cuales está relacionado con el monopolio de la fuerza en cabeza de lo público, el segundo con el acierto al establecer reglas y el tercero con la tarea de valorar conductas frente a reglas. Es preciso asegurar el mejor uso posible de recursos escasos. En contraste, Lo propuesto tiene gran probabilidad no solo de aumentar la ineficiencia, sino también de agravar la precaria situación de las finanzas públicas del país.

El legislador debe demostrar que está en capacidad de hacer la tarea completa. Ello implica, además de ordenamiento territorial útil, flexibilidad en la redistribución de ingresos corrientes, y acierto en medidas para reducir la pobreza. Para este último objetivo se recomienda suprimir protecciones, simplificar de manera radical el Estatuto Tributario y facilitar el trabajo formal⁠. El aumento del ingreso permitiría tener más recursos para redistribuir, tarea a cargo de un Estado bien ordenado.