Tangtang y los viajeros

Un mes después de haber anunciado la restricción temporal al ingreso de viajeros colombianos, el Ministerio de Sanidad de España acaba de notificar el levantamiento de esta medida. Durante sus cuatro semanas de vigencia, fueron constantes los rumores que señalaban a la falsificación de pruebas de covid-19 de ser uno de los argumentos principales para imponer tal limitación. Si esta hubiera sido una de las causas, al gobierno español no le faltó razón porque de los 209 casos positivos que detectó la Consejería de Sanidad de Madrid entre enero y junio de este año, 122 (58%) corresponden a conciudadanos que al llegar a Barajas manifestaron encontrarse libres del virus respaldando sus afirmaciones con pruebas espurias, en lo que bien podría ser un indicio del florecimiento del negocio de los falsos negativos.

Esta noticia llega pocos días después de conocerse el apresamiento de Tangtang Zhao, un sombrío dependiente de la cadena de farmacias Walgreens en Chicago que, aprovechando el oficio que a la sazón desempeñaba, resolvió diversificar sus fuentes de ingreso dedicándose a vender certificados de vacunación (en este caso, auténticos) a través de una plataforma de internet, a todos aquellos que por módicos diez dólares quisieran ahorrarse el pinchazo y las eventuales molestias derivadas de la vacuna. El efímero emprendimiento del farmaceuta le dejó una utilidad de algo más de mil dólares y una docena de cargos penales por robo a la propiedad gubernamental, que podrían tenerlo tras las rejas hasta su cumpleaños 154.

Ambos casos tienen conexiones evidentes. La elasticidad ética tanto de los proveedores de carnés y pruebas falsas como de sus clientes; la expansión de la cultura del atajo y del dinero fácil, y el desconocimiento por parte de los delincuentes del daño que le ocasionan a la sociedad. Sin embargo, el abordaje y las consecuencias de semejantes acciones son bien distintas. Mientras en Colombia se conoce de la apertura de una tímida investigación a un funcionario de la Aeronáutica Civil en Barranquilla que recomendaba a los interesados acudir a cierto laboratorio donde les suministraban un examen PCR con resultados negativos a cambio de $220.000 (cinco veces más que la tarifa de Tangtang), en el caso de Chicago, el fiscal general asistente Kenneth A. Polite Jr., al referirse al arresto del vendedor de certificados, indicó la seriedad con la que el Departamento de Justicia toma cualquier crimen que cause desconfianza frente a las vacunas o al proceso de vacunación.

De la comparación de los dos eventos destaco una de varias conclusiones posibles: en Norteamérica prima el impacto social de las conductas punibles, mientras que en nuestra comarca parecen privilegiarse las circunstancias personales del malhechor. Por eso escuchamos voces ofendidas por la condena impuesta a alias Epa Colombia ─como consecuencia de la destrucción de una estación de Transmilenio a golpes de martillo durante las protestas de noviembre de 2019─ que buscan minimizar el impacto de los delitos cometidos (no son errores, tampoco pecados) dando preponderancia a la imagen ficticia de una empresaria frágil, vulnerable y perseguida, por encima de su indiscutible condición de facinerosa. Quizás por la misma razón vemos cómo la corrupción se arraiga con igual firmeza en los parajes desolados y en los centros poblados.