Elecciones con crímenes de lesa humanidad

Leo que en el estado de Anzoátegui, Venezuela, la enfermera Ada Macuare obtuvo la libertad provisional. Había sido detenida el 21 de julio, mientras prestaba servicio en el Hospital Alí Romero de Barcelona, por denunciar escasez de insumos hospitalarios, demandar vacunas contra el covid-19 y protestar por su exiguo salario. Circula en redes un video del momento en que se reencuentra con sus hijos. Cuanto más pequeños los niños, mayor es el tamaño del absurdo.

Y de la indignación. Macuare sufrió una crisis de hipertensión el sábado pasado en prisión, de ahí la decisión de liberarla el jueves. Le fue otorgada una “Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad” con presentación cada 30 días por el Tribunal de Control 7. Está imputada por la comisión de los “delitos de instigación al odio y el terrorismo”.

Nótese, el chavismo siempre reproduce la ficción de una cierta neutralidad de la ley. Es competente creando la parodia de un proceso jurídico normal, una y otra vez, en el cual desfilan litigantes, sumariantes, testigos, jueces, fiscales y defensores. Todo transcurre racionalizado por el vocabulario jurídico, en un sistema cuyas únicas certezas son, en realidad, la arbitrariedad y la injusticia. Pues es un sistema de dominación despótico.

La justicia, por lo tanto, no persigue hacer justicia, valga el juego de palabras, sino refrescar la memoria, reafirmar quién manda y quién es mandado, y cómo. Lo jurídico es una vía ex post, actúa como esfera teatral, espectáculo que ratifica una decisión tomada en otro lugar y con anterioridad a cualquier diligencia judicial. Son decisiones que la dictadura criminal no deja libradas a la “aleatoriedad jurídica”, son señaladores de autoridad y poder.

O sea, son políticas, solo que impregnadas con la apariencia de legalidad. Son ceremonias del abuso, desarticulan la cohesión social y generan anomia. La víctima se aterroriza ante el poder despótico, pero luego siente alivio-tal vez agradecimiento-ante la libertad provisional que le otorga un juez ficticiamente imparcial. Las lágrimas de los niños pequeños al volver a abrazar a su madre no son más que la evidencia de que también violan la dignidad de sus víctimas, una repetición indefinida de sus atrocidades.

Que no prescriben. Como el reo que se entrega, el régimen de Maduro camina indefectiblemente en dirección a La Haya; quebrado, así como quiebra a sus opositores cooptándolos, corrompiéndolos y torturándolos. Hay una pulsión auto-incriminatoria en esta dictadura. La obscenidad con la que ejerce un poder casi irrestricto contiene una tácita confesión. La hace explícita con frecuencia, como en el caso de Ada Macuare.

Lo anterior porque en varias de las peticiones formuladas ante la Corte Penal Internacional no se denuncian solamente torturas y ejecuciones extrajudiciales. También se puntualiza y describe la denegación de atención médica como un crimen de lesa humanidad, parte del crimen de exterminio y/u otros actos inhumanos, “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil por alguien que tenga conocimiento de dicho acto” y que “con ello intencionalmente cause gran sufrimiento o un grave daño a la integridad física o la salud mental o física”, según Arts. 7(1) y 7(1)k del Estatuto de Roma.

Es un momento clave. La Fiscalía de la Corte está a punto de anunciar si concluyó el examen preliminar para pasar a la fase de investigación formal, ello basado en criterios de admisibilidad del caso y la existencia o no de voluntad y capacidad del Estado de administrar justicia.

Todo ello lo responde Maduro con el episodio de la enfermera. La propia dictadura refuerza la probabilidad de que se inicie, finalmente, la investigación plena de los crímenes y de los individuos responsables de los mismos. Es la pulsión del criminal, Macuare es casi una confesión de parte.

Que coincide con el anuncio de más dialogo y negociación, a tener lugar en México la semana próxima, para llegar a un calendario electoral. Maduro negocia contra reloj, por cierto. Además de las sanciones y las imputaciones del Departamento de Justicia, acompañadas de recompensas por su captura, no se vería muy bien que todo ello coincidiera con el inicio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Haría más difícil sostener que ese es el gobierno que va a administrar “elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, según el pronunciamiento conjunto de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea de junio pasado.