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En Colombia, un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) es un instrumento de planificación mediante el cual se formulan políticas públicas nacionales en aspectos económicos, y sociales.
Precisamente, el pasado 14 de febrero se publicó el documento Conpes 4144, “Política Nacional de Inteligencia Artificial”, cuyo objetivo es “generar las capacidades necesarias para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia”.
El Conpes 4144 enfrenta una disyuntiva clásica en la formulación de las políticas económicas: ¿Debería el Estado enfocarse en promover el desarrollo de capacidades para estimular la creación de oferta, o más bien incentivar la generación de la demanda? En su capítulo de diagnóstico, el documento asertivamente identifica un “bajo nivel de adopción de sistemas de IA en los procesos de transformación digital de entidades públicas y del sector empresarial”.
Sin embargo, tiende a subestimar las capacidades actuales del ecosistema digital y de desarrollo de software del país, tanto en términos de infraestructura como de capacidades humanas.
Partiendo de este diagnóstico, que percibe el vaso como “medio vacío”, opta por una política que fomenta el lado de la oferta, estructurándose en torno a cinco ejes habilitantes para el desarrollo de la IA: gobernanza, datos e infraestructura, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), capacidades y talento digital, y gestión de riesgos, y solamente en el sexto eje se aborda el fomento del uso y la adopción de la IA, y es en este aspecto en particular donde deseo enfatizar: el progreso de la industria se acelerará más por iniciativas que generen demanda de soluciones de IA que, por la mera mejora de los habilitadores, los cuales, en su mayoría, se perfeccionarán en respuesta a las necesidades del mercado.
Dado que el país dispone de recursos limitados y la política nacional de IA incluye 25 líneas de acción, es crucial enfocar la implementación en dos áreas principales: En primer lugar, las líneas de acción 2.4 y 2.5, las cuales están orientadas a asegurar la interoperabilidad y la disponibilidad de datos públicos, esenciales para la utilización efectiva de la “big data” con tecnologías de IA.
En segundo lugar, la línea de acción 6.1 busca fortalecer el uso de la IA en entidades públicas; con el fin de aterrizar esta línea de acción se debe crear en los diversos sectores del estado un listado de retos con alto impacto social y económico para solucionar con ayuda de la IA.
Esto podría incluir, entre otras iniciativas, el uso de drones e IA para el monitoreo y control de cultivos ilícitos, la aplicación de IA para reducir las inasistencias a citas médicas en el sector salud, y el empleo de IA para combatir el fraude en programas sociales y la evasión fiscal.
En conclusión, no existe mejor estrategia de política pública para impulsar la IA que incentivar, desde el Gobierno, una serie de desafíos a la industria del software para abordar y resolver retos críticos del país en lo que podríamos denominar los “Proyectos nacionales de IA”, proyectos que impulsaran el desarrollo de la industria de la IA en el país.