Ley para la industria electrónica y de semiconductores

El 13 de noviembre de 1996 marcó un antes y un después para Costa Rica. Ese día, el fabricante de semiconductores Intel anunció su decisión de construir una nueva planta de ensamblaje y prueba en el país, superando a otros renombrados candidatos como Indonesia, Tailandia, Brasil, Argentina, Chile y México. 17 años después, en 2014, tras más de US$900 millones en inversiones y haber alcanzado una participación de más de 20% en las exportaciones costarricenses, esta historia parecía llegar a su fin con la decisión de Intel de cerrar su planta de manufactura y centrarse en prestar servicios compartidos e incursionar en actividades de investigación y desarrollo en Costa Rica.

En ese momento, parecía confirmarse la dificultad de desarrollar de forma rentable la manufactura de alta tecnología en Latinoamérica. Sin embargo, la geopolítica, que tanto ha jugado históricamente en contra de América Latina, esta vez nos favoreció: a inicios del gobierno de Trump, EE.UU. comenzó a buscar destinos seguros y amigables para la manufactura de tecnología, lo cual fue clave para la reapertura de la planta de Intel en Costa Rica en septiembre de 2021.

Esta tendencia se consolidó durante el gobierno de Biden con la promulgación, en agosto de 2022, de la Ley Chips (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act), designando a Costa Rica como el primer aliado estratégico de EE.UU. bajo esta ley, seguido por Panamá, tema que compartí en mi columna titulada “Reindustrialización y nearshoring” en este mismo diario en julio de 2023.

Precisamente en Colombia, la semana anterior, un grupo de congresistas encabezado por David Luna y Daniel Carvalho radicó en el Senado de la República el Proyecto de Ley para fomentar la industria electrónica y de semiconductores. Este proyecto enmarca cinco grandes ejes: (i) definir la industria electrónica y de semiconductores como una prioridad estratégica de la política industrial del país; (ii) fomentar el emprendimiento de base tecnológica y el desarrollo de productos en estas áreas; (iii) apoyar el desarrollo de talento; (iv) promocionar el sector a nivel internacional; y, (v) crear incentivos tributarios a la inversión, tales como contratos de estabilidad jurídica y exención de IVA en la importación de activos productivos.

Este proyecto de ley nos abre la puerta a tres objetivos paralelos e igualmente importantes. El primero, y probablemente el más viable, es el impulso a una industria nacional con alto potencial para exportar servicios y productos de alto valor agregado. En segundo lugar, podemos convertirnos en un aliado estratégico de EE.UU. para el suministro de semiconductores, lo que nos permitiría acceder a los fondos de apoyo de la Ley Chips.

Este objetivo depende en gran medida del lobby del gobierno ante los EE.UU. Por último, el tercer escenario contempla la llegada de inversión extranjera en este sector. Aunque cumplimos con los requisitos técnicos y contamos con talento capacitado, a los ojos de muchas multinacionales, podemos carecer de un factor crucial que Costa Rica ofrece: estabilidad política, seguridad jurídica y transparencia.

Este proyecto de ley es necesario y oportuno, pero su éxito dependerá del apoyo decidido del gobierno actual y futuros.