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El pasado 3 de mayo se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) e inmediatamente se oyeron voces de protesta, por lo que algunos consideraron era un “mico” incluido por el Gobierno para aprobar el fracking en Colombia. La realidad es que en las bases del PND, que como sabemos están incorporadas al mismo, se expone lo que el Gobierno denominó “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” y allí, luego de un diagnóstico detallado del no muy optimista panorama de autosuficiencia petrolera, concluye, como es natural, que el reto del Gobierno es incrementar las reservas para “preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en el mediano y largo plazo”. Para ello, explica que se han identificado dos oportunidades, los proyectos costa afuera y los yacimientos no convencionales, y aborda la necesidad de conformar una comisión de expertos independientes y multidisciplinaria que evaluará y le dará recomendaciones con respecto a los segundos. Finalmente, determina que el Ministerio de Ambiente debe expedir los términos de referencia para la explotación de estos yacimientos.
Con ocasión del PND, no hay ninguna modificación al marco legal existente, pues las operaciones en yacimientos no convencionales ya estaban permitidas y reglamentadas, y ya existen en Colombia contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que confieren a los suscriptores el derecho a adelantar estas actividades. La regulación técnica está provisionalmente suspendida, producto de una medida cautelar en el marco de una demanda de nulidad contra los Decretos y Resoluciones que la contienen, y los términos de referencia para la expedición de licencias ambientales de exploración ya fueron expedidos, estando pendiente los de explotación.
La Comisión de Expertos ya profirió su informe y de allí rescato algunos apartes que resumen la complejidad del tema : “Los países y estados que han prohibido, suspendido, demorado o limitado el fracking tienen economías desarrolladas que no dependen significativamente de la producción de hidrocarburos, o porque no afecta su seguridad energética al tener acceso a fuentes confiables y diversificadas” (…) Colombia tiene una alta dependencia de la industria petrolera para la salud de su economía, el equilibrio fiscal y la generación de empleo”. En otro capítulo se lee “ Los países y estados que han decidido permitir la actividad, han basado sus decisiones en conceptos científicos y técnicos independientes y en estudios de costo/beneficio. En estos casos, la población y los gobiernos han depositado su confianza en las autoridades regulatorias y las de vigilancia y control, y se han asegurado de que tengan la capacidad y los medios para ejercer sus funciones eficazmente. La supervisión y participación de las comunidades locales ha sido un común denominador”.
Entonces, ¿Está permitido en Colombia el fracking? Sí, sí lo está, aunque actualmente esté suspendido el reglamento técnico, y todo apunta a que el país debe moverse en esa dirección, si se quiere preservar la autosuficiencia energética. El reto está en el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado y en el diálogo claro y veraz entre el Estado, las comunidades y los operadores, pues no se pueden afectar las decisiones estratégicas del país con datos falsos y referentes equivocados.
