La rebelión de los abuelos

Primero fue el calificativo; no quieren que les llamen abuelos, unos porque no lo son, otros porque resienten el tono condescendiente y lastimero con que el presidente Duque se refiere a ellos, y otros porque si bien mayores, están en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y no creen que el Gobierno tenga derecho a limitarles la movilidad en aras de la protección que les quiere brindar.

Luego vino la angustia por la extensión del confinamiento y en pleno debate sobre el tema y habiéndose anunciado el movimiento de “autodefensa” como jocosamente le ha llamado el exministro Rudolf Hommes, se posterga la emergencia sanitaria y con ella se extiende la cuarentena para ellos, los mayores, los que son y los que no son abuelos, hasta el fin de agosto.

Lo cierto es que, vitales o no, abuelos o no, las medidas adoptadas tempranamente por el Gobierno han logrado contener la tasa de contagios para la población mayor, cosa que no sucedió en muchos países europeos en donde vimos con horror cómo los viejos se murieron en sus residencias o en los asilos, solos y sin posibilidad de atención médica por la saturación de los servicios de salud.

Los mayores que ejercen una actividad económica están exceptuados del cumplimiento de la cuarentena de acuerdo con la Resolución 464 de 2020 del Ministerio de Salud, lo cual hace ya bastante flexible la restricción para este grupo. Quedan entonces los que no son activos laboralmente, quienes, al igual que el resto de la población, no podrán retomar su vida social en meses, pero que al igual que los demás, puede usar servicios bancarios, autoabastecerse y hacer ejercicio en espacios exteriores con ciertas restricciones. Visto así, parece que la rebelión que están encabezando connotados personajes de la vida nacional es desproporcionada y yo añadiría, desconsiderada. Digo desconsiderada, porque si algo está claro a este punto es que el problema del Gobierno no es el contagio del virus per se, sino la incapacidad de atender a los enfermos en las unidades de cuidado intensivo. En blanco y negro el problema del Gobierno no es que un individuo se enferme, eso es un asunto individual, el problema del Gobierno es que tiene la obligación de garantizar la atención a toda la población y hay una parte de ella que por su edad está más expuesta al virus y por ende va a llenar la capacidad de atención rápidamente, dejando al resto de la población sin atención. Entonces, la medida no tiene por objeto solamente proteger a este grupo poblacional cuyos importantes voceros se declaran no necesitados de protección especial sino, proteger el derecho del resto de los ciudadanos a recibir atención.

Hay una alta probabilidad de que por vía de la Acción de Tutela o en la revisión de constitucionalidad de los decretos expedidos por el ejecutivo durante la emergencia, esta restricción se caiga como lastimosamente se van a caer muchas de las medidas adoptadas, porque ejemplos de decisiones judiciales desconectadas de la realidad es lo que tenemos en Colombia. Mientras eso pasa, ojalá que la sabiduría de nuestros mayores prime sobre su terquedad y demuestren, además de cordura, solidaridad.