Urgencia regulatoria

Muchos de quienes leen esta columna recordarán el apagón de 1993, que se originó porque no tuvimos suficiente energía para atender la demanda. Derivado de esta crisis, la Constitución Política se reformó, se introdujo la posibilidad de que los privados prestaran servicios públicos y que el Estado los interviniera. Se expidieron las leyes 142 y 143 de 1994 y se creó la Creg. A partir de ahí, Colombia cuenta con un sistema institucional y regulación que le ha permitido no volver a apagarse, soportada en sofisticada y compleja regulación, que ha convertido el modelo en caso de estudio pues ha brindado confiabilidad.

Hoy tenemos un sistema robusto, super vigilado, hiper regulado en el que todo está medido, pensado y articulado. Sujeto a mejoras por supuesto, pero con evidencia de ser exitoso y que ha tratado de adaptarse a los cambios que han impuesto las nuevas dinámicas del mercado.

Actualmente no estamos en bonanza, sino en tiempos recios que requieren de absoluta coherencia y planeación. No podemos permitirnos equivocaciones en esta materia, porque lo que está en juego es la seguridad energética del país; sin embargo, preocupa la radiografía del sector derivada de medidas adoptadas por el gobierno, y del lenguaje que se ha venido utilizando en la discusión sobre las tarifas de energía y la reforma a la ley de servicios públicos.

La Creg, es una entidad de carácter técnico que tiene bajo su responsabilidad el entramado de la regulación -repito, extensa, compleja y especializada-. La Creg afronta en este momento el reto de regular en tiempos de escasez porque ya sabemos que si no encontramos nuevas fuentes de suministro dejaremos de autoabastacernos de gas, se aproxima el fenómeno del niño, y los altos costos de la energía impactan la inflación. La Creg está en crisis desde que los nombramientos del gobierno anterior se cayeron. Esta se agravó con el intento de intervención para rebajar las tarifas de energía eléctrica, y desde entonces no se ha contado con expertos comisionados permanentes. En ese contexto, el gobierno decide reformar la entidad, para permitirle tomar decisiones con menos comisionados (5 y no 7), lo que prende alarmas, pues se teme la pérdida de independencia, indispensable en un ente técnico.

Sumado a ello, se citó la Asamblea nacional de usuarios de energía y servicios públicos, el 27 de septiembre, que comenzó con un llamado a permanecer de pie para informar los fallecimientos de personas por choques eléctricos “por la mala prestación del servicio”, lo cual pone en evidencia el propósito de dicha convocatoria. A lo largo de la Asamblea se convocó a “los comunales y las comunales” para construir el poder popular y garantizar la energía como un derecho. Se resaltó a través de mensajes institucionales la importancia de la transición energética y se reiteró nuevamente la necesidad de involucrar al pueblo en las decisiones que regulan el sector. ¡No! Las decisiones sobre el suministro y comercialización de energía eléctrica y gas no pueden ser tomadas por el pueblo, estas decisiones solo pueden ser tomadas por expertos, pues su contenido técnico no está al alcance de la sabiduría popular.

La transición energética, tan importante en el proyecto político del actual gobierno, descansa sobre la claridad regulatoria. Se requiere un marco institucional robusto, ordenado y coherente, que se construya con visión de largo plazo, basado en análisis económicos a prueba de ideologías. La pérdida de independencia de las entidades técnicas del sector y la confrontación con las empresas que han construido el sistema, no contribuye a dicho propósito, por el contrario, se lee como una señal de inestabilidad jurídica, que afecta sin lugar a dudas, la viabilidad de la transición.