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Analistas 28/08/2024

El país no aguanta más

Isaac Dyner
U. Jorge Tadeo Lozano - Presidente Asociación Latinoamericana de Economía de la Energía
ISAAC-DYNER

Los mercados de servicios públicos de electricidad - “estratégicos para la sociedad” - se diseñan para suministrar corriente de manera segura y continua a sus usuarios. Cuando ellos se liberaron en 1990, se estructuraron buscando que los precios reflejaran cercanamente los costos de producción. Esto no parece ser bien comprendido en Colombia y, por el contrario, muy frecuentemente en nuestros modelos mentales ellos operan como mercados libres, homologables a los de otros servicios. Así las cosas, es alarmante lo que se está viviendo con la electricidad en los últimos años en el país, como ya lo comunicaba en este diario hace varios años.

Por fin, exceptuando algunos sectores de la sociedad, ya hay muchas opiniones que comparten que los precios se desbordaron. Desde el comienzo, hace 30 años, las tarifas subieron para reducir los altos subsidios del sector, que eran insostenibles. Pero de eso a lo que estamos viviendo recientemente, el tema se convirtió en alarma nacional, y no solo para la costa Caribe, en donde el asunto es verdaderamente critico.

Ya desde hace varios lustros, ellos exhibieron valores altos (Gómez y otros, 2018), más aún, cuando estos se comparan con el costo nivelado promedio de la hidroelectricidad. Como consecuencia, Colombia no consume mayor cantidad de electricidad para bienestar ni, tampoco, para propiciar desarrollo industrial, cosa que preocupó a la Andi a principios de la década pasada. Lo que sucede en la actualidad es que ellos se desbordaron, ¿o no lo es, que en 1994 el decil inferior en ingresos pasara de gastar 5,6% en electricidad a 16,5% en 2022 (de acuerdo con el exministro Tomas González)?

Ahora, es de ley (la 143) y no se cumple “que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico.” Y, tampoco que el regulador debe “Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, …”

Pues bien, mientras que el exministro Diego Mesa sostiene que se “incentiva a los generadores a ofertar sus verdaderos costos marginales (costos de oportunidad) y …. es fácil de monitorear por las superintendencias y reguladores, y trata de mitigar el poder de mercado… “, de manera contraria, el Superintendente establece que “esto se puede evitar con una regulación que revele los costos de producción” - coincidente con la presidenta de Acolgen que llama a la Creg a la regulación de precios.

En el mismo sentido, los internacionalmente reconocidos McRae and Wolak (2024) expresan que “demostramos como las opciones de confiabilidad (léase cargo por confiabilidad) en el mercado eléctrico colombiano crean incentivos perversos para los generadores “… y concluyen que esto tiene implicaciones muy complicadas en precios y en la seguridad de suministro del sistema eléctrico colombiano.

Pero como lo establecen los generadores, lo anterior solo informa alrededor de 35% de la tarifa. Es menester, entonces, ajustar otros elemento y los demás componentes de la tarifa: 1) La opción tarifaria se originó durante la pandemia, cuando ella se desbordo, mientras en otras partes del mundo cayó, incluso a valores negativos, 2) costos adicionales de pérdidas se incorporaron en la Costa Caribe para la venta de Electricaribe, 3) la indexación de los costos de transmisión y distribución pueden revisarse para que decrezcan a tasas del IPC - X (índice de precios al consumidor, menos un valor X, digamos 2% anual), durante varios años para ajustar la altísima inflación vivida, y 4) ajustar los demás elementos que se le están cargando al precio.

Lo anterior es solo la punta del iceberg, pues hay otros temas a evaluar como la expansión, transmisión, licenciamiento etc. Se muestra, entonces, el deficiente ordenamiento del sector y, ni siquiera, hemos empezado a ajustarlo para transición energética, que presenta inmensas oportunidades para el país. Si se emprende diligentemente una reestructuración institucional tardará 2-4 años - el primer acuerdo nacional puede empezar ya.

Mientras tanto, iniciemos prontamente con convocatorias anuales de nueva capacidad para cumplir con los requerimientos de expansión para 2028 y, además, intervengamos los precios de manera inmediata y sensata - con esto sobrellevamos la crisis.

El nuevo ordenamiento para el sector deberá procurar decrecimiento continuo de precios, siguiendo la senda de reducción de los costos de producción de las nuevas tecnologías, ¡tal como lo ha experimentado el mundo durante 100 años!

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