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La transición energética (Energiewende) mundial fue inicialmente motivada por un movimiento ambientalista antinuclear alemán de fines del siglo pasado, este incorporó posteriormente en sus alcances la descarbonización del sector eléctrico. Desde entonces, en el mundo se invierten miles y miles de millones de dólares en investigación, lográndose, según Bloomberg, valores por kilovatio de energía solar 33% inferiores a los provenientes de plantas a gas en USA; y, además, desde 2012 las renovables son anualmente las tecnologías más instaladas en el globo terrestre – el año pasado ascendieron a 84% de la nueva capacidad.
En las últimas semanas algunos analistas han estado haciendo planteamientos superficiales, llenos de generalidades y poco detalle, acerca de la transición energética en el país a 2050, claramente desconociendo las particularidades y problemas del sector. Colombia tiene una oportunidad única para adelantarla de manera ordenada y efectiva, buscando simultáneamente objetivos subsectoriales, económicos, sociales y ambientales.
El país ha exhibido fallas protuberantes en su mercado eléctrico: concentración y poder de mercado, su oferta se expande inadecuadamente, transfiere responsabilidades de sus pérdidas al consumidor, su demanda es precaria y no participativa y, además, cuenta con problemas complicados de vigencia. No debería, entonces, sorprendernos que la industria – ampliamente hidroeléctrica – arroje altos precios al consumidor, incluso cuando se está vertiendo agua de sus embalses.
Desde septiembre pasado está disponible nuestra investigación Hoja de Ruta para electricidad 100% renovable en Colombia a 2030. Esta, primera en su género, consolida décadas de investigación acerca de los beneficios de las energías solar y eólica: precios mucho menores, promueve la participación de la demanda (techos solares) y, además, es segura cuando se complementa con la hidroenergía.
De todas formas, en los próximos años, se generaría al menos 90% de electricidad libre de emisiones. Esto resultaría al agregarle a la capacidad actual del país aquella en construcción. Además, adicionándole la factible – en gran mayoría renovable –, no existe plan B, a menos que se quiera condenar a Colombia a un mediocre progreso y a desabastecimiento, tal como lo hemos indicado anteriormente y como lo establecen otros análisis.
La transición eléctrica enfrentará retos de seguridad en el suministro a través de los años. Se parte de un margen estrecho de energía para enfrentar las próximas estaciones secas, y aunque se cuenta con respaldo térmico, se requiere intensificar la instalación de techos solares para evitar posibles cortes de electricidad. Más adelante, con el correr del tiempo, la generación distribuida y la despachada centralmente deberá apoyarse en embalses, baterías, bioenergía, geotermia e hidrogeno verde, entre otros.
Así las cosas, con claridad política, será posible tanto resolver buena parte de las dificultades antes señaladas, como impulsar la electrificación de la economía y la transformación energética en el transporte y la industria; en estas condiciones, los combustibles fósiles, al mismo tiempo que dejarán de ser utilizados progresivamente, servirán como fuente de recursos, producto de sus exportaciones.
Nunca en energía habíamos tenido a la mano soluciones del tipo “gana-gana” a problemas de estas magnitudes. No nos dejemos confundir porque, de postergar la transformación requerida, estamos expuestos a faltantes en el suministro eléctrico durante épocas de sequía. Por lo experimentado durante el gobierno anterior – el cual no pudo instalar 1.5 GW durante el cuatrienio – estamos corriendo riesgos, puesto que ahora se requerirá varias veces esa cantidad!
