El clamor de la región Caribe

La calidad de vida y competitividad del Caribe colombiano se encuentra amenazada por el inequitativo e insostenible aumento en las tarifas de energía, exacerbado, por las resoluciones Creg 010 de 2020 y 078 de 2021, que permiten cobrarle a los usuarios de la región un costo diferencial por las perdidas que crecieron sin control a causa de la mala prestación y vigilancia del pasado.

Las actuales afectaciones se originan en los incumplimientos de Electricaribe, que no prestó un buen servicio y dejó de ejecutar el plan de inversiones y mantenimiento que se encontraba obligada a realizar aun cuando se lo cobraba a sus clientes.

Con la inacción del Estado sobre la antigua empresa, durante décadas, ocurrió lo inevitable: deterioro de las redes eléctricas, constantes suspensiones del servicio y la pérdida de competitividad en la región.

Hoy la tarifa ha incrementado $419,94 por kilovatio-hora, lo cual representa 73,7% más de lo pagado hace un año. Si bien todos los componentes del costo han sufrido alzas que deben ser atendidas estructuralmente, ninguna ha sido tan significativa como el valor que se le cobra al suscriptor de la región caribe por las pérdidas, con un incremento de $244,68, es decir, 575,7% adicional a lo que pagaba hace un año por ese mismo concepto.

¿Qué encontramos en la práctica? Que mientras el usuario de estrato 1 domiciliario de Bogotá paga $36.039, en promedio, al de Barranquilla le corresponde $90.526, es decir, 2,51 veces más. El efecto se acentúa en los estratos Industrial y Comercial, que además han tenido que someterse a la aplicación del llamado retroactivo o retrospectivo de pérdidas, que también merece revisiones legales.

Por eso, hemos venido discutiendo con expertos del sector y alcaldes de nuestras ciudades capitales, una serie de alternativas que les presentamos en nombre de los habitantes del Caribe, y en el marco de los principios de equidad y solidaridad:

1. Implementar un Fondo de estabilización de precios para el Caribe colombiano, reduciendo el valor de la tarifa de los usuarios de energía y mitigando el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional, hasta que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y reducir las pérdidas hayan sido ejecutadas.

2. Eliminar el uso del Índice de Precios del Productor, IPP, que en el actual escenario inflacionario presenta una variación anual de 32,09%, como factor de actualización de los contratos de generación de energía. El IPP no es un indexador que refleje acertadamente el comportamiento de las variables y costos de la cadena del sector eléctrico, situación que se hace especialmente notoria cuando en medio de un fenómeno meteorológico como “la niña”, el precio en bolsa de energía está muy por debajo al valor de los contratos que tienen los comercializadores. El efecto real en las facturas de los usuarios es un incremento constante a raíz del uso de este indicador.

3. Establecer un esquema que permita compartir la carga financiera de la opción tarifaria de los comercializadores con las empresas de generación y transmisión, porque son actores que tienen un bajo riesgo de cartera. La integración vertical que existe en la cadena de suministro de energía en el interior del país hace que las pérdidas técnicas y no técnicas se diluyan y no tengan tanto impacto en la estabilidad financiera de los grupos empresariales del sector eléctrico. No es lo mismo para una parte importante de nuestra región, que no puede amortizar las pérdidas de la actividad de comercialización ya que el Estado dividió la antigua Corelca y acabó con esa integración vertical. Debe existir una corresponsabilidad entre todos los actores de la cadena.
4. Aumentar la inversión en los Proyectos de Normalización Eléctrica, especialmente cuando la región Caribe constituye la mayor proporción de subnormalidad en el servicio de energía en el país.

5. Fortalecer la generación de energía en la región con el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. La autogeneración y las redes distribuidas pueden brindar reducciones superiores al 40% del costo del KWh tomado de la red. En Barranquilla ya empezamos pero debe y puede volverse una solución a corto plazo que genere competitividad y calidad de vida para la región.
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos poner en marcha un esquema tarifario que permita la sostenibilidad de los operadores, sin afectar la competitividad del Caribe, la productividad de las empresas y la economía de los hogares.

Y hacerlo cuanto antes. Si bien la región Caribe ha alcanzado importantes niveles de desarrollo y progreso, no podemos permitir que estos avances continúen a expensas de la prestación del servicio de energía y sus incrementos tarifarios, pues vamos a terminar afectando el cierre de la brecha social, económica y de competitividad que, a pesar de todo hemos logrado.

Es un clamor regional con el que los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar recogemos el sentir de todos los habitantes de la costa Caribe y el de las empresas que generan empleo y se ven afectadas por la situación.

Ya hemos emprendido acciones jurídicas, pero la solución de fondo es un acuerdo que genere equidad con el Caribe, ojalá con indicadores que reflejen apropiadamente los costos del sector y eviten disparidades regionales y sobresaltos en las tarifas como el que hoy lamentamos.

Es una discusión que esperamos continuar con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, porque la equidad con la Costa requiere un mandato político y acciones legislativas contundentes.