Debate ‘temuístico’ y ‘sheinístico’

Recuerdo cuando muchos usuarios se resistían a ingresar sus datos de tarjeta para compras online, por temor a fraudes y a ver vaciadas sus cuentas bancarias. Después de la pandemia, ese miedo parece haberse disipado y el comercio electrónico vive hoy su momento de mayor crecimiento.

Sin embargo, pocos se detienen a pensar que, detrás de cada compra transfronteriza, hay toda una normativa aduanera y de protección al consumidor que puede activarse, sobre todo cuando la mercancía se detiene en aduanas o no llega a destino. Además, la llegada masiva de plataformas de bajo costo procedentes de Asia, como Temu o Shein, ha abierto debates sobre la competencia desleal, el impacto ambiental y la falta de pago de tributos aduaneros.

Antes de avanzar, conviene aclarar que el ecommerce transfronterizo (o cross-border) implica que comprador y vendedor están en países distintos, por lo que la mercancía debe realizar una exportación y una importación. En Colombia, el ingreso de estos paquetes se cataloga como tráfico postal y envíos urgentes, una operación regulada por las disposiciones aduaneras, para evitar riesgos como la pérdida de mercancías o la imposición de aranceles sorpresa.

De igual manera, muchos países aplican el concepto de “de minimis”, es decir, un umbral de valor por debajo del cual los envíos quedan exentos de impuestos o pasan por trámites simplificados. En Estados Unidos, por ejemplo, se fija en US$800, y un evento reciente ilustró cómo el Servicio Postal suspendió, por 72 horas, la recepción de paquetes de China y Hong Kong, para revisar la implementación de esta exención.

En la Unión Europea, UE, el de minimis se ubica en 150 euros, aunque la Comisión Europea, plantea eliminarlo para frenar la entrada masiva de productos y contrarrestar la competencia desleal que algunas plataformas generan. De otra parte y de forma reciente, publicó, en 2025, un documento base que plantea algunas propuestas: el “A comprehensive EU toolbox for safe and sustainable e-commerce”.

Este documento abarca un conjunto de reformas que buscan mayor supervisión aduanera, la unificación de datos en un EU Customs Data Hub y posibles tasas de gestión adicionales para costear la fiscalización de la paquetería. Según datos citados por la UE, tan solo en 2024 ingresaron a su mercado más de 4.000 millones de envíos de bajo valor, la mayoría procedentes de China. Y no es casual: Shein superó los US$32.000 millones en ventas globales en 2023, mientras que Temu llegó a unos 167 millones de usuarios activos mensuales en 2024, ofreciendo precios bajos y envíos gratuitos que seducen a millones de consumidores.

Las consecuencias de este auge son múltiples. Por un lado, se han observado casos de falsificaciones o productos que no cumplen los estándares mínimos de seguridad. Por otro, los productores locales ven amenazadas sus ventas frente a estas mega-plataformas capaces de ofrecer una gran variedad de artículos a bajos costos.

También se advierte una pérdida de ingresos arancelarios en los países de destino, además de un impacto medioambiental que se incrementa con las devoluciones frecuentes y el envío individualizado de paquetes. De acuerdo con varios entes reguladores, entre ellos la Ocde, este sobreconsumo y la logística internacional repercuten en mayores emisiones de carbono y exceso de residuos de embalaje.

En Colombia, los datos de Statista señalan que, en 2022, se superaron los $55 billones en ventas online, con más de 26 millones de compradores en línea. Por este motivo, es importante equilibrar la protección de la industria nacional con la apertura a nuevas plataformas, pues el comprador nacional cada vez está más habituado a realizar pagos electrónicos.

Sin embargo, cuando el consumidor se topa con cobros inesperados de aranceles o demoras en la entrega, descubre que en el fondo no solo existe “el ecommerce”, sino también la importación formal de bienes, a través de la operación de tráfico postal y envíos urgentes. Por lo que, en este punto, también es necesario “educar” al consumidor final y explicar que la modalidad de importación es para consumo, y no debería utilizarse para la distribución local, pues se entendería que ejerce una actividad comercial, con las implicaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que esto representa.

Frente a este escenario, varios gobiernos tienden a reforzar la regulación, no tanto para frenar el comercio electrónico en sí, sino para vigilar las importaciones de bajo valor. La UE se encamina a un sistema de controles más estricto, mientras EE.UU. ha valorado reducir o vigilar más de cerca su umbral de minimis.

El objetivo común es equilibrar la innovación y la expansión de las compras online con la necesidad de asegurar el cobro de impuestos, la protección de la industria local y el cumplimiento de estándares de calidad. A la vez, se prevé incluir componentes de sostenibilidad para manejar adecuadamente el impacto ambiental de esta avalancha de paquetería global.

En conclusión, el auge del ecommerce transfronterizo es una realidad económica imparable que, como todas las grandes tendencias, implica oportunidades y riesgos. Plataformas asiáticas como Temu o Shein han crecido al calor de la globalización digital, ofreciendo al consumidor ahorro y comodidad; sin embargo, han reabierto el debate sobre la pertinencia de regular con mayor firmeza los envíos express de paquetería o, cómo lo conocemos en nuestro país: el tráfico postal y los envíos urgentes.

Mientras las autoridades de distintos países buscan robustecer su legislación y el control aduanero, millones de personas continúan comprando con un clic, muchas veces sin saber que ese paquete barato pasará por un proceso de importación, con aranceles, normas sanitarias y reglas de consumo. El reto está en mantener un equilibrio que permita la innovación y el acceso a bienes asequibles, sin sacrificar la justicia tributaria, la seguridad de los productos y la protección al productor local.

Adicionalmente, en el contexto colombiano, surge un desafío particular vinculado a los Tratados de Libre Comercio, TLC. Es imperativo asegurar que las mercancías que ingresan al país bajo estos acuerdos, buscando la exoneración de derechos arancelarios, sean efectivamente originarias del país socio y no meramente procedentes del mismo, a fin de evitar elusiones fiscales y proteger los beneficios negociados.

En el ámbito internacional, como estrategia para abordar los envíos de bajo valor, algunas administraciones han optado por mantener la exoneración arancelaria para bienes por debajo del umbral de minimis, pero exigiendo, no obstante, el recaudo del Impuesto al Valor Agregado, IVA, correspondiente.