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En los últimos días, los medios y las entidades de control fiscal del mundo entero tienen los ojos puestos en el archivo divulgado por el diario alemán Süddeutsche Zeitung a partir de filtraciones provenientes de los despachos de abogados fiscales Appleby y Asiaciti Trust, especializados en la gestión de complejas estructuras corporativas que aprovechan las ineficiencias de los sistemas de recaudo de impuestos para proteger patrimonios en los llamados “paraísos fiscales”.
Los documentos conocidos como “Paradise Papers” fueron analizados por un grupo de periodistas coordinados por el “International Consortium of Investigative Journalism” (Icij) y contienen mas de 13 millones de registros soporte de transacciones en 19 paraísos fiscales que datan desde los años cincuenta.
Estos documentos son una nueva entrega de la saga que empezó hace casi una década y que incluye los Offshore Leaks, los Luxembourg Leaks, los Swiss Leaks y los famosos Panama Papers, gracias a los cuales se han entablado numerosos procesos penales y que han puesto en evidencia a personalidades del mundo de la política, la empresa privada y el entretenimiento.
El fenómeno subyacente a las filtraciones de los mencionados “leaks” es un problema endémico que afecta a la economía mundial, debido a la asimetría de la distribución de la riqueza y a la forma en que la información referente a ingresos y ganancias es manejada en el contexto de una sociedad globalizada.
Es absurdo pensar que en pleno siglo 21, existen territorios como Malta, Panamá, Bermuda o las Islas Caimán, que soportan una parte importante de su economía a través de la oferta de herramientas legales que facilitan la evasión fiscal. Estos países tienen un incentivo claro en términos de ralentizar el proceso de sistematización de los registros contables y fiscales, así como de aprovechar los avances tecnológicos existentes hoy en día para proveer de manera transparente a otros gobiernos, la información de las empresas que residen de manera real o virtual en su territorio.
En un mundo donde miles de millones de transacciones se realizan de manera electrónica y se exige que las empresas públicas y privadas hagan rendiciones de cuentas periódicas, no debería haber espacio para la “magia fiscal”. El trabajo de fiscalización y de control de las estrategias fiscales de individuos y compañías debería volverse mas fácil y eficiente a medida que el uso de la tecnología aumenta. De esta manera no tendríamos que depender de filtraciones de información por parte de ex-empleados o empleados desleales y del trabajo investigativo de los medios.
Estas situaciones deberían generar en la conciencia de los gobernantes y del ciudadano en general un cuestionamiento al obsoleto sistema de fronteras que divide al mundo que regula cuestiones migratorias pero que como lo demuestran los “leaks” es completamente ineficiente a la hora de facilitar el movimiento de capitales entre distintos regímenes fiscales. Es injusto ver que desafortunadamente el conocimiento de los trucos de la “magia fiscal” es privilegio de personas adineradas, gobernantes, ministros y empresarios destacados, que usan este conocimiento y las debilidades de un sistema ineficiente para refugiar sus capitales.
Es necesario tomar conciencia de la necesidad de desarrollar una cultura tributaria, que permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber no negociable, acorde con los valores democráticos y que genere una percepción de riesgo efectivo derivado de su incumplimiento.
