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El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha insistido en que el precio del galón de gasolina llegará hasta los $16.000 para equipararse con el precio internacional, esto implicaría un incremento de 73% desde que inició este Gobierno. Además, afirma que el Acpm subirá desde junio, lo cual impactará fuertemente el costo del transporte público y de carga, encareciendo aún más el precio de alimentos y otros bienes de consumo.
Este no es el único camino que existe, ni el más conveniente. Eso lo sabe bien el Presidente, pues él y el actual Ministro del Interior propusieron, antes de ser Gobierno, revisar la fórmula de cálculo del precio de la gasolina; sin embargo, hoy parecen descartarlo. Son varios los factores que inciden en el precio final de la gasolina: el Ingreso del Productor (lo que recibe Ecopetrol por producir el combustible en sus refinerías y representa 57% del precio), los impuestos (23%), el almacenamiento (6%), el transporte por poliductos (5%) y en carrotanques (1%), y la distribución minorista (9%).
La discusión de estas semanas ha girado en torno al factor de mayor costo: el Ingreso del Productor. Hoy lo que se reconoce a Ecopetrol por el combustible no refleja el costo de producción, sino que se paga con respecto al precio de venta del combustible en la costa de Estados Unidos y la tasa de cambio. Ambas variables son externas a la economía colombiana y llevan años siendo superiores al precio interno de la gasolina.
El Gobierno creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepec) para que el valor del combustible no fluctuara drásticamente. Cuando el precio en Colombia estuviera por encima del internacional, el Gobierno ahorraba ese diferencial cobrando el mayor precio y cuando el galón se disparara en el exterior, se mantendrían los precios internos estables, cubriendo con recursos ahorrados el diferencial a través del Fepec.
Sin embargo, desde la creación del Fondo en 2007 hasta 2019 el Gobierno ha asumido con Ecopetrol obligaciones por $14,2 billones por pagarle el galón a precios internacionales. Con la guerra en Ucrania este panorama empeora pues solo han aumentado los precios internacionales de los combustibles (MFMP, 2022). Se estima que para 2023 estos compromisos rondarán $30 billones. En suma, este déficit existe para garantizar ingresos a Ecopetrol como si vendiera su gasolina en el exterior ¿Olvidamos que esta es nuestra empresa pública y, como tal, también tiene una función social?
La gente en la calle se pregunta ¿por qué debemos pagar al precio internacional? ¿no importa cuánto cuesta producir un galón? Los argumentos se centran fundamentalmente en la necesidad de que Ecopetrol se comporte bajo las lógicas de una empresa privada que maximice utilidades. En ese sentido, el pagar el precio internacional sería el “regalo” que los colombianos le damos a la empresa por no exportar todo su combustible, donde ganaría más.
Esta lógica no es un invento nacional, son las “buenas prácticas empresariales" que recomiendan el Banco Mundial, la Ocde y el FMI, quienes han promovido la privatización de la empresa, y aunque no lo han logrado, buscan que se comporte como cualquier otra empresa privada. De hecho, el FMI (Informe de país No. 19/344) recomienda subir los precios hasta alcanzar la paridad internacional, con el fin de eliminar el déficit del Fondo. En el mismo sentido la Carf sacó un comunicado con unas afirmaciones que vale la pena discutir.
Primero, sostiene que mantener precios bajos es inequitativo y beneficia a los hogares de mayor ingreso del país. No obstante, los más afectados con los incrementos de gasolina son los estratos 1 al 4. El 60,2% de los vehículos en Colombia son motos y el 80% de estas son propiedad de personas hasta el estrato cuatro. En carros esta proporción es el 63,5% (Diego Otero, 2022 y 2023). Si incluímos el Acpm, el incremento de precio sobre alimentos recae más fuertemente en personas de menores ingresos.
Segundo, los precios bajos de combustibles desincentivan la transición energética. Esto pasaría si existieran sustitutos baratos para reducir el uso de combustibles fósiles. Hoy no hay opciones sustitutas viables y el Gobierno no ha presentado su plan de transición energética. Tercero, que se trata de un subsidio. Esto es falso: no existe ningún subsidio hacia las familias sino a las utilidades a los accionistas de Ecopetrol garantizando el precio internacional.
Supongamos que hoy el Gobierno pagase completo el déficit del Fondo a Ecopetrol ($30 billones). La mayor parte de estos ingresos se repartirán en utilidades a sus dueños: 88,5% al mismo Gobierno que acabó de pagar y 11,5% a privados que tienen acciones. Solo el año pasado se distribuyeron $24,3 billones, de los cuales $21,57 billones fueron para la nación. Esta operación es pasar plata de un bolsillo al otro, pagando el peaje de los privados accionistas de Ecopetrol, es a ellos a quienes se les subsidia una utilidad inflada.
Entonces ¿a quién pertenece el 11,5% privado de Ecopetrol? Mayoritariamente a grandes bancos y fondos de inversión como JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos, entre otras, que seguramente se opondrán a modificar la fórmula del precio del combustible porque afectará sus utilidades, pero protegerá el bolsillo de clases medias y bajas, y contribuirá a abaratar los alimentos y otros bienes.
La propuesta que hacemos es sencilla y surge de académicos como Diego Otero, José Saade y el mismo Gustavo Petro, cuando era senador. Se trata de cambiar la fórmula del Ingreso al Productor y que esta refleje el precio de producción en las refinerías más un margen de ganancia justo para cuidar a nuestra empresa pública, Ecopetrol.
Así, los precios del combustible podrían bajar, porque la tarifa no dependería del precio internacional ni del dólar, hoy el precio ni siquiera contempla como variable el costo de producción ni qué tanto combustible importamos. Si cambiamos la fórmula, aliviaríamos el peso del costo del combustible en el bolsillo de las familias en Colombia y su impacto sobre la inflación de bienes, servicios y alimentos.
