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Vuelve y juega. El presidente Petro reitera su intención de hacer “inversiones forzosas” para impulsar industria y vivienda, pero a costa de nuestros ahorros y la libertad económica.
Esta no es una idea nueva ni sensata. En 1963, bajo el mismo pretexto de impulsar sectores específicos, se hicieron las primeras grandes inversiones forzosas con la reforma financiera. Y se juntó con otro mal: la banca pública. El objetivo era apoyar a los agricultores, pero en cambio el resultado fue desastroso: los bancos estatales no tuvieron éxito y las inversiones encarecieron la economía. Ideas similares han sido propuestas por gobiernos anteriores. Pero como Petro de “cambio” tiene muy poco, las revive.
Petro propone “sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje y destinarlo en crédito barato”. Es como si un vecino envidioso decidiera gastar nuestro dinero porque él no lo tiene. Parece que Petro no entiende que los depósitos bancarios son propiedad de los colombianos que confiamos en que nuestro ahorro está a salvo. Los bancos no están para entregar nuestros ahorros al gobierno de turno, sino para gestionarlos de manera responsable. Esta medida equivale a que el vecino nos obligue a darle nuestra casa para que la apueste en un casino, asumiendo los riesgos sin nuestro consentimiento. Confisca nuestros ahorros y nos deja el riesgo de que sean usados bajo criterios políticos, con amiguismos y altos niveles de corrupción.
Además, usan nuestros ahorros en inversiones que, voluntariamente, nadie haría. Por eso necesitan confiscar el ahorro de la gente para hacerlo de forma forzosa. Y si las inversiones salen mal, los perjudicados somos los cuentahabientes.
Sumado, el Estado es muy mal banquero. Dos antecedentes: el Banco Central Hipotecario y el Banco del Estado. El primero fue liquidado en 2001 y el segundo se privatizó en 1999. Ambos acumularon una gran cartera morosa, pues fueron usados para financiar proyectos sociales en vez de generar ganancias.
El Estado les inyectó dinero y ni así pudieron salvarse. El primero, según la Contraloría, dejó una deuda de $500.000 millones, y el segundo, una de $600.000 millones de la época. Se demuestra que el Gobierno no es el agente adecuado para realizar análisis de crédito, pues maneja las entidades con criterios políticos y no financieros.
Otra cosa. ¿Usted confiaría en que el Estado use sus ahorros? No creo que nadie razonable lo haga. Esta medida producirá una desconfianza descomunal que se traducirá en retiros masivos del dinero. Por donde lo veamos, hay efectos negativos. Estas decisiones no solo son inmorales, sino también peligrosas, pues desestabilizan el sistema financiero y, con ello, cualquier movimiento económico en el país. Ojalá que no sea más que un delirio presidencial.
