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La frase “toda intervención estatal debe tener una justificación” resonó en mi mente durante este fin de semana, cuando participé en ‘LiberLab’, un evento para jóvenes líderes de todo el país, organizado por Libertank. El propósito de este tipo de encuentros es discutir sobre libertad empresarial y su importancia en el progreso de las sociedades.
Reafirmé mi convicción de que la libertad es fundamental para tener vidas dignas: la libertad de ser, pensar, progresar y de ser propietario. Sin duda, es la llave maestra para alcanzar nuestra mejor versión como individuos y como sociedad.
Si la economía no es libre, y el Estado interviene a capricho, los individuos tampoco seremos libres. Por ejemplo, si el Estado decide qué podemos comerciar, a qué precios y en qué lugares, ¿dónde queda nuestra libertad? Según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, en 2023 Colombia descendió 24 puestos frente a 2022, ubicándose en el puesto 84, lo que lo deja como un “país mayormente no libre”.
Para nadie es un secreto lo que significa este Índice. En Colombia la pobreza multidimensional en 2023 fue de 12,1%, y la tasa de desempleo según el Dane, primer trimestre de 2024, fue aterradora: aún más para los jóvenes, cerca de 3 millones de jóvenes no tienen empleo ni estudio, ¡absurdo!.
La inflación aún sigue alta y el crecimiento anual es mínimo. Asimismo, somos el país con el mayor impuesto sobre la renta corporativa entre países Ocde (35%). Esos indicadores reflejan en buena medida la mano del Estado que entorpece la creación de empresa, y con ello, el desarrollo y progreso social. ¿Cómo? Con aumento de impuestos y poniendo más ‘trabas’.
Al afectar a las empresas, afecta a todos los consumidores, y también a los empleados y a sus familias
El problema, según veo, es que el Estado parece ignorar que una sola decisión puede afectar a todo el país. Por ejemplo, y como lo escuché en el ‘LiderLab’: si un niño rompe la estantería de un panadero mientras juega fútbol, los afectados no serán únicamente los padres del niño y el panadero. También lo serán los demás empleados del panadero, y quienes compran en esa panadería, además de los hermanos del niño, a quienes sus padres ya no podrán comprarles los juguetes que querían porque tuvieron que pagar la estantería. Se extiende a los vendedores que dejaron de recibir el dinero de las ventas, a sus familias, empleados, etcétera. Es una cadena.
Al afectar a las empresas, afecta a todos los consumidores, y también a los empleados y a sus familias. Bien dice el exdirector del DNP, Daniel Gómez, “toda intervención estatal debe tener una justificación”. Sueño con un Estado que en vez de entorpecer la libertad y la creación de empresa, las facilite. Que elimine las trabas y reduzca los impuestos. Uno que trabaje de la mano con los empresarios, y no a costa de ellos.
