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Los mismos que se rasgan las vestiduras defendiendo a los viejitos y la ‘economía popular’, hoy celebran el innecesario show de la Dian con el cierre temporal del negocio de Doña Segunda. ¡Qué vergüenza!
El Estado y los defensores del establecimiento se ufanan de que con esta medida la Dian está haciendo cumplir la reglamentación. Estudiando derecho, y como lo plantean los antiformalistas, he aprendido que la ley debe aplicarse sin dejar de lado el contexto social. El imperio de la ley nunca debería ser el cuchillo que apuñala a los más vulnerables, como en el caso de una señora de tercera edad.
No me malinterpreten. Todo negocio que gane más de $165 millones al año debe tener facturación electrónica. Pero, dada la avanzada edad de Doña Segunda y su condición de emprendedora, ¿era necesario un show mediático? A mi modo de ver innecesario.
El Estado es fuerte con los débiles, pero débil con los criminales. Paradójico, más aún cuando a diario vemos escándalos de corrupción, buena parte en el propio Gobierno. Parece que los defensores de la legalidad ignoran la necesidad de proporcionalidad entre los hechos y las sanciones. Sería más lógico que Doña Segunda y los otros 18 establecimientos cerrados temporalmente recibieran educación sobre la facturación electrónica y la gratuidad que ofrece la Dian. Un acercamiento más amable de la institucionalidad bien puede pasar por un proceso de orientación, fijación de plazos y acompañamiento hasta que entiendan que, incluso en su caso, deben cumplir la normativa.
Hoy atacan a Doña Segunda porque dicen que evade impuestos por no tener facturación electrónica. No es cierto. Según la Dian, los establecimientos que usan el sistema POS también pagan impuestos, así no tengan la facturación. Además, la facturación electrónica es una obligación formal, no sustancial. Es decir, su implementación (o no) no implica necesariamente evasión de impuestos, sino simplemente que no ha adoptado la medida. En tal caso, el Estado debería apoyarla en el proceso.
El gobierno de los ‘nadies’ ataca los negocios de personas que impulsan la economía y generan progreso para el país. A modo de reflexión, la ley no se debe interpretar arbitrariamente. El estatuto tributario debería poder interpretarse teniendo en cuenta el contexto de Doña Segunda. Ella, como miles de emprendedores, no hace parte del privilegiado club de los 4.000 más ricos del país.
Increíble saber que la carga tributaria a las empresas en Colombia es la más alta de la región, siendo 35% sobre la renta. De cualquier forma, lo de Doña Segunda fue un tiro al pie para la Dian, y una vulneración de una cadena en la que si se cierra un negocio, las ganancias disminuyen. Si los ingresos disminuyen, es menor el impuesto a la industria y comercio que los establecimientos deberán pagar a su ciudad. Asimismo, menor el impuesto a la renta a pagar a la Dian.
Con estos ‘shows’, donde pareciera un logro aplastar con el peso del Estado a quienes sostienen al país, ¿a quién le quedan ganas de emprender?
