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El ODS 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Actualmente, según datos del informe ‘Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2023’, hay 675 millones de personas que viven sin electricidad en todo el mundo.
El servicio de energía eléctrica se ha constituido, a través de la historia, en el principal factor habilitante del desarrollo de los países, los territorios y sus comunidades al brindar oportunidades de crecimiento, competitividad, productividad, bienestar social y prosperidad. En ese sentido, la costa Caribe proyecta el mayor potencial del país en crecimiento económico y oportunidades, el cual se puede observar en la planeación energética y las necesidades de incremento en la capacidad de transmisión, generación y distribución de energía para los próximos años.
La confiabilidad y continuidad del servicio son factores preponderantes en el balance oferta-demanda para el país, sin embargo, cada vez más hay certeza de que, si se materializa un nuevo fenómeno de El Niño para los años 27-28, tendríamos un racionamiento. La situación actual de la oferta de energía no puede ser más grave: vivimos un agotamiento en la capacidad de transmisión, ya que es insuficiente para lo que el país requiere, las generadoras térmicas ya no se apagan debido, entre otras causas, a la situación de los embalses y la disponibilidad de gas para las térmicas que de apagarse el vecino Ecuador raciona más, las renovables se enredaron en consultas previas y las eólicas se volvieron inviables por las cualidades de los territorios que iban a ocupar.
Afinia, filial de Grupo EPM, desde hace poco más de cuatro años, tomó el turno de la prestación del servicio en esta región en concesión que hace el Estado como directo responsable de dicha prestación tras más de seis operadores sucesivos que llegaron con sus experiencias, estilos y maneras para atender este mercado de más de 6,5 millones de habitantes de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y parte del Magdalena, en un territorio de más 80.000 kilómetros cuadrados. Un mercado que se distingue del resto del país en sus condiciones del recaudo, hoy en 78%; y en las y pérdidas de energía, hoy en 27,5%; las peores del país.
La clasificación socioeconómica por estratos, metodología obsoleta, inadecuada y politizada, ubica a los clientes-usuarios de Afinia de los estratos 1, 2 y 3 en 91% (incluyendo las zonas especiales como los barrios eléctricamente subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo), estratos a los que se dirigen los subsidios estatales que aportan al pago de la factura mensual de energía. Sin embargo, estos subsidios dejaron de llegarle a Afinia desde mayo y en pocos días ascenderán como deuda estatal a casi $700.000 millones.
De otro lado, la opción tarifaria, instrumento de la regulación que se activó durante la pandemia para reducir el valor a pagar en las facturas, fue generando un saldo de deuda que alcanzó, en diciembre del 2023, la gigantesca suma de $1,7 billones, la que se empezó a recaudar desde enero de 2024, y por un período de 70 meses y que representa hoy 6,5% del valor del kilovatio-hora que se cobra.
No recuerdo en la historia reciente una deuda de subsidios por parte del Estado de tan largo tiempo y tan alta cifra, sumada a una promesa incumplida del presidente Petro que hizo este 7 de mayo de 2024 en Barranquilla de hacerse cargo del pago de la opción tarifaria de los usuarios de los estratos citados y la cual hoy ronda $1 billón. Estas dos sumas han hecho un hueco gigantesco a Afinia, el cual la está poniendo en situación crítica para su operación si el gobierno central no gira de inmediato estas sumas que nunca estuvieron atadas a leyes de financiamiento ni nada que se le parezca.
Pero ahí no termina el asunto. Las entidades territoriales, entre ellas municipios y sus instituciones de acueductos, hospitales, centros de salud, colegios y escuelas, etc., han acumulado carteras que ascienden hoy a $300.000 millones y que se niegan a pagar por estar constitucionalmente protegidas. Todo lo anterior podría ocasionar que Afinia sea uno más en la cadena del “shu, shu, shu” que se volvió un fantasma en los tiempos de hoy para varios servicios de los colombianos y que se materialice el riesgo sistémico y el apagón financiero del sector.
La importancia de las empresas de energía para los mercados que atienden es el valor que aportan a la sociedad, al empresariado, la industria y las instituciones, pero ese debe ser un valor tangible percibido por aquellos a los que les presta el servicio y a su vez le otorgan la licencia social para operar, licencia que hoy está en vilo, quizás, porque no se le reconoce el valor al servicio.
Alguien dijo una vez: “No hay empresas exitosas en sociedades fracasadas”, y siento que, como colombianos, no lo hemos hecho bien con nuestras regiones, en especial con la costa Caribe que tiene problemas estructurales sin resolver y que se observan en los indicadores de pobreza energética, monetaria y multidimensional, además del aporte al PIB, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desempleo e informalidad, entre otras, que le ponen junto con comportamientos culturales específicos, los ingredientes más complejos a la incertidumbre de la empresa y su sostenibilidad en el tiempo.
