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Recientemente, la opinión pública conoció los preocupantes resultados de la megainvestigación que el Departamento Nacional de Planeación adelanta desde 2024, acerca del confuso destino que han tenido los recursos provenientes de las regalías en los últimos años del transcurrir nacional.
Tal como lo reportan los primeros hallazgos de este ejercicio de seguimiento, nunca antes emprendido en el país, proyectos aprobados entre 2017 y 2024 han puesto en riesgo de pérdida recursos por $15,7 billones, suficientes para proveer unas 81.700 viviendas de interés social, calculadas al costo máximo de 2025 para Bogotá.
Es realmente indignante. Lejos de convertirse en soluciones prioritarias para la gente, estos dineros parecen haberse diluido en verdaderas infamias: uso inadecuado de los anticipos, infraestructura edificada en predios sin titularidad, pagos injustificados, plazos de ejecución vencidos y el consecuente deterioro de los trozos de futuro que empezaron a construirse pero que nunca se tradujeron en soluciones terminadas para la comunidad.
Y digo infamias para referirme a las irregularidades en el manejo de las regalías, porque esta situación es, en realidad, en una verdadera estocada para la garantía de derechos fundamentales, la construcción de paz y el progreso de miles de colombianos que tienen sus esperanzas puestas en la transformación social de sus territorios, muchos de ellos golpeados por la violencia durante décadas.
Y tal vez es eso lo que ni la opinión pública, ni el Estado mismo han dimensionado con suficiente sabiduría y mucho menos con una mínima dosis de empatía, más bien escasa en estos tiempos en que la pobreza y la desigualdad se volvieron costumbre.
Es que no hablamos solamente de un detrimento en el presupuesto. Hablamos de hospitales, escuelas, acueductos e infraestructura vial para el comercio de productos cosechados por manos campesinas, entre muchos otros proyectos estratégicos, convertidos hoy en monumentos a la desidia, que el DNP intenta reactivar, en la urgencia de proveer las soluciones de amoblamiento social que el pueblo reclama.
Entre 2017 y 2024, fueron aprobados 21.520 proyectos por valor de $77,1 billones de las regalías. La investigación que adelanta el DNP sobre cerca de 30.000 de ellos, ha detectado hasta el momento 2.396 proyectos con irregularidades que ponen en riesgo los $15,7 billones mencionados al comienzo.
La Subdirección del Sistema General de Regalías ha puesto en manos de los entes de control estos casos, como es debido, y ha incrementado en más de 194% las visitas de en territorio; pero su empeño va más allá. En el último año, el equipo ha logrado salvar 729 proyectos que comprometen $3,8 billones pertenecientes a la comunidad. Infraestructura hospitalaria, instituciones educativas, redes de alcantarillado e incluso un malecón hacen parte de las obras que han podido reactivarse.
¡Es hora de aclarar cuentas! El DNP seguirá poniendo la lupa en cada proyecto para indagar peso a peso por el destino de los recursos, hasta liberar el manejo de las regalías de la corrupción, la desidia y la falta de gestión que lo han carcomido por muchos años. Es hora de devolverles a estos recursos públicos el sentido y la destinación que la Constitución Política les otorga: impulsar el desarrollo social, económico y ambiental de los territorios de Colombia.