MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Por estos días se estudian en la Corte Constitucional las demandas que pretenden tumbar parcial o totalmente la ley de financiamiento aprobada en diciembre del año pasado, con la cual el Gobierno Nacional busca recaudar gran parte de déficit que hay en el presupuesto nacional.
Ante este panorama, han sido innumerables las voces que se han pronunciado sobre los efectos funestos que puede tener el hundimiento de dicha ley. Por ejemplo, en el entender del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con esta decisión judicial se está en juego la posibilidad de tener más ingresos por habitante, más clase media, préstamos a bajo costo para el país, disminución de la evasión fiscal e inversionistas con seguridad jurídica.
Y justamente esta última consecuencia es la que expone la mayor encrucijada a la cual se debe enfrentar la Corte Constitucional. Este caso no se trata únicamente de garantizar la supremacía constitucional o el imperio de la ley que resulta ser aparente, ya que una decisión apresurada podría traer consecuencias nefastas, incluso sobre la garantía de derechos constitucionales que están comprometidos directa e indirectamente.
Esto implica que la Corte debe fallar en derecho, pero considerando argumentos más allá de los meramente jurídicos. De encontrar dicha corporación que no se cumplieron con los requerimientos formales en la expedición de la ley de financiamiento, o que su articulado contraría otros preceptos constitucionales, tendrá que buscar la forma de pronunciar un fallo en derecho que reduzca el impacto devastador sobre la economía.
Entre otras cosas, por la importancia de garantizar seguridad jurídica sobre las regulaciones tributarias. Y es que cambiar las reglas de juego a mitad de partido para inversionistas y empresarios, además de mostrar poca seriedad como Estado, genera inseguridad en la economía, lo cual afecta directamente la inversión social, la generación de empleo, la inversión y retención de capital.
Lastimosamente este cambio de reglas de juego se da frecuentemente en nuestro país. El activismo judicial impide tener certeza sobre el marco jurídico. Incluso se ven casos en los cuales las providencias judiciales asumen posturas radicalmente contrarías ante supuestos fácticos similares.
Lo más problemático es que esto ya ha sido identificado por la comunidad internacional. El Doing Business (2018) del Banco Mundial ubica al país en el puesto 177 de 190 en términos de confianza contractual. Esto deja claro que, sea cual sea la decisión de este caso, tendrá repercusiones en la valoración de la competitividad nacional en el marco internacional.
No obstante, con lo anterior no se sugiere, como ya se advirtió, que la Corte Constitucional deba tomar una decisión apartada del derecho; sin embargo, debe moderar los efectos de una eventual sentencia de inexequibilidad. Por ejemplo, mantener los efectos de la ley de financiamiento mientras le permite al congreso adelantar una nueva reforma tributaria.
