El reto de la economía digital

En la actualidad, la economía digital ha permeado nuestro día a día, lo que ha facilitado la creación de nuevos modelos de negocio que se salen de los estándares tradicionales del mercado. Esto ha generado que los modelos de economía tradicional se vean revaluados por los nuevos modelos de economía digital que contemplan, en otros, el uso de plataformas digitales que involucran nuevos actores y servicios en las relaciones oferta y demanda.

Además de ello, la digitalización de la economía ayuda a combatir la información asimétrica, lo cual reduce la pérdida de eficiencia de los mercados al contribuir para que los agentes se acerquen al ideario teórico de información perfecta. Esta creciente facilidad para conocer en mejor medida los riesgos y beneficios del comercio contribuye a reducir los costos que implican la selección adversa y el riesgo moral para los agentes, lo cual redunda en un mayor beneficio para los mismos.

Sin embargo, estos escenarios modernos han puesto nuevos retos al Derecho al exigirle regular y solucionar las nuevas problemáticas que derivan de las relaciones comerciales de bienes y servicios de la economía digital. No obstante, estas situaciones resultan ser más complejas por la interconexión y digitalización que la innovación exige a los modelos empresariales, lo que implica integrar sus cadenas de negocios en distintos sectores de la economía.

Asimismo, resulta indispensable regular las economías colaborativas sin sacrificar la seguridad jurídica de los participantes de las relaciones jurídicas, ni la garantía patrimonial a favor de los usuarios. Esto con el ánimo de favorecer la innovación tecnológica que tiene como fundamento los principios de neutralidad de la red y la libertad de empresa.

Sumado a lo anterior, la economía digital tiene especial influencia en temas de importante relevancia nacional y jurídica, como, por ejemplo: el apresto para la implementación de las redes 5G; la garantía de acceso universal al mundo digital; el perfeccionamiento en materia de seguridad informática para fortalecer la prestación de servicios de riesgo y el cuidado de la información; entre otros.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de diseñar un ambiente más propenso al impulso de mercados digitales, que son grandes alternativas económicas para el progreso social y el desarrollo económico. Por este motivo, nuestro ordenamiento jurídico debe permitir un ambiente propicio al mercado económico, a fin de minimizar riesgos y facilitar el crecimiento comercial en el nuevo esquema económico.

Esto último supone entender que el mayor reto que tiene que afrontar la economía digital no corresponde a los avances tecnológicos, sino a los avances jurídicos que deben garantizar ambientes justos, dignos y favorables al desarrollo de nuevos modelos de negocio que sean altamente innovadores, competitivos e intersectoriales.