Ban-capacidad

En agosto del año pasado celebramos el quinto aniversario de un hito legislativo fundamental en Colombia: la eliminación de la figura de interdicción judicial para personas con discapacidad. La Ley 1996 de 2019, aprobada por el Congreso, no solo reconoció la capacidad legal de estas personas, sino que, además, implementó tipos de asistencia para el pleno ejercicio de sus derechos. Este cambio marcó un antes y un después en la garantía de derechos financieros, liberando a las personas con discapacidad de la necesidad de representación por terceros.

La discapacidad es un concepto dinámico que, en esencia, se deriva de la interacción de las personas con un entorno con barreras que impiden su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Aunque el número de personas con discapacidad en el país varía dependiendo de la medición que se emplee, de acuerdo con las cifras más recientes del Dane, en 2020 aproximadamente 3,1 millones de colombianos tenían algún tipo de discapacidad. En otras palabras, una de cada 14 personas en Colombia tiene alguna discapacidad. Además, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta cifra podría incrementarse debido al aumento de enfermedades no transmisibles y a una mayor esperanza de vida.

La distribución geográfica de este grupo poblacional no es uniforme: Bogotá alberga el mayor número absoluto de personas con discapacidad (437.000), mientras que Quindío muestra la mayor proporción, con uno de cada once habitantes. También es relevante tener en cuenta que, actualmente, en el país se reconocen siete categorías de discapacidad: intelectual, psicosocial, auditiva, física, visual, sordoceguera y múltiple, en donde las dificultades visuales y de movilidad tienen la mayor incidencia con cerca de 57% y 31%, respectivamente. Esta información destaca la diversidad de desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria, desde tareas de percepción hasta actividades físicas más exigentes.

Ante este panorama, a través de un estudio, el sector financiero ha avanzado significativamente para mejorar la experiencia de usuario para esta población. Allí se revela que más de 70% de las personas con distintos tipos de discapacidad toma sus propias decisiones y se adapta al entorno, mientras que solo 18% prefiere delegar sus decisiones a un tercero. Esto resalta la importancia de seguir asegurando accesibilidad a los productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de atención: presenciales, digitales y telefónicos.

Para seguir avanzando en este proceso es crucial seguir tres pasos. Primero, fortalecer los mecanismos que visibilicen a esta población, así como reconocer los principales desafíos a los que se enfrentan y sus necesidades financieras. Segundo, transformar la cultura de las entidades con un enfoque de diversidad, equidad e inclusión. Tercero, implementar los ajustes necesarios para responder a las necesidades identificadas.

De esta forma, se cultiva una relación más cercana con las personas con discapacidad, creando canales efectivos de comunicación y cooperación para responder a sus necesidades e intereses específicos. Es un paso más hacia una banca que realmente hace más fácil la vida de todas las personas, una banca incluyente, cercana, y que hoy convierte la dis-capacidad en ban-capacidad, traducida en el compromiso de ser la banca de todos los colombianos.