Prerrequisito de la reactivación

La inflación ha sido uno de los temas de mayor análisis y debate en el país desde el 2021 debido a la multiplicidad de choques que la llevaron a alcanzar los dos dígitos el año anterior. Frente a estas presiones alcistas sobre los precios, debo destacar en este espacio el asertivo accionar del Banco de la República en cumplimiento de su mandato constitucional para preservar la capacidad adquisitiva de los colombianos.

Sin el actuar decidido del emisor, nuestra economía exhibiría una inflación más elevada, además de mayores dificultades para acceder al endeudamiento externo, tal y como ocurre en otros países emergentes. Por ello, siempre será oportuno resaltar las cualidades del equipo técnico del banco, así como su independencia, pilar de la credibilidad y reputación que goza a nivel internacional.

Sin embargo, posterior al repunte de la inflación, que recordemos se reflejó al pasar del 1,5% a 13,3% anual entre marzo del 2021 y el mismo mes de 2023, observamos un punto de inflexión que nos deja en un contexto muy diferente. Al respecto, en los últimos cuatro meses se han registrado menores presiones en los precios de los alimentos y los bienes que han contribuido a que la inflación haya empezado a ceder. Pese a algunos riesgos que se avizoran, particularmente relacionados con los incrementos en los precios de los combustibles y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, los analistas esperan que la inflación continúe descendiendo y bordee el 9,0% a finales de 2023 y que cierre el próximo año por debajo del 5,0%.

El comportamiento de los precios, que se presenta de manera paralela a la pérdida de tracción de la economía colombiana, nos obliga entonces a repensar la postura de la política monetaria en aras de encontrar un equilibrio adecuado entre el control de la inflación y el impulso a la actividad productiva.

Ante la menor dinámica del consumo de los hogares, que en el segundo trimestre tan solo se expandió a un ritmo del 0,7% anual, sumado a las presiones de liquidez experimentadas por el sector bancario, la Superintendencia Financiera ha implementado medidas adecuadas para contener los aumentos en las tasas de interés y dinamizar el otorgamiento de crédito, como la flexibilización de la normativa del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (Cfen) relativa al aumento del ponderador de los depósitos a la vista de entidades vigiladas del 0% al 25%.

Es claro que, para impulsar la actividad económica, esta medida debe complementarse con la acción del Banco de la República. Ante el nuevo panorama, el momento resulta oportuno para que se dé inicio a los recortes a la tasa de interés de referencia. Cabe anotar que esta postura no sería inédita, dado que varios bancos centrales en la región, como los de Chile, Brasil, Uruguay y Costa Rica, ya lo han venido haciendo para responder al proceso de desaceleración económica.

De cara a 2024, se requerirán de grandes esfuerzos de las autoridades y el sector privado para reactivar la economía, y es claro que no se puede concebir la contraciclicidad de las políticas y la recuperación en un contexto de tasas de interés de elevadas. Reza el adagio popular que “el palo no está para cucharas”, por lo que se hace necesario el envío de señales para que, con los esperados recortes, la inversión y el consumo de los hogares se dinamicen y sean los motores de la reactivación de cara el 2024.