A propósito de avanzar hacia una regla fiscal verde

En días recientes, Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha presentado una propuesta de gran trascendencia para Colombia: la adopción de una regla fiscal verde. Esta iniciativa se enmarca en la tendencia global de la Transición Energética Justa, que busca valorar económicamente nuestros recursos naturales y contabilizar los costos ambientales que genera la actividad económica. Esta propuesta ha desatado un apasionado debate en el país, generando opiniones encontradas que ameritan un análisis detallado.

Para muchos detractores, la propuesta genera preocupación, ya que la perciben como una amenaza a la regla fiscal actual. Sin embargo, para aquellos que comprenden la urgencia de avanzar hacia el desarrollo sostenible, representa una noticia alentadora. Algunas de las objeciones pueden derivar de corrientes arraigadas en el pensamiento económico, intereses personales o una falta de comprensión completa del tema. No obstante, la propuesta del Director del DNP se enfoca en utilizar los instrumentos técnicos, jurídicos y fiscales existentes para incorporar una perspectiva verde en la regla fiscal.

Es fundamental contextualizar las reglas fiscales para apreciar la importancia de esta propuesta. En su concepción original, estas reglas tenían como objetivo principal imponer disciplina en la gestión financiera pública, sin considerar el desarrollo sostenible como una prioridad. Surgieron en la década de los 90 como respuesta al deterioro fiscal en economías desarrolladas. A nivel mundial, se pueden clasificar en cuatro categorías principales: reglas de gasto, balance, ingresos y deuda. Un análisis global en 2021 reveló que 105 países tenían alguna forma de regla fiscal en funcionamiento.

El impacto de estas reglas ha sido diverso. Países como Chile, Suiza y Suecia han logrado mantener la estabilidad fiscal gracias a ellas, mientras que Grecia, Italia y Argentina han enfrentado dificultades para cumplir con los objetivos fiscales, exacerbando sus crisis económicas. Además, no hay que olvidar que estas reglas fiscales influyen en las decisiones de empresas y consumidores, afectando la actividad económica, inversión y consumo.

En Colombia, a lo largo de los años, se han implementado varias reglas fiscales con el propósito de garantizar la estabilidad económica y financiera. Se han establecido la regla del balance, la regla del gasto y la regla de la deuda. Los tres tipos de regla merecen análisis y discusión.

La regla de la deuda, que se resume en el ratio deuda/PIB, requiere un análisis profundo empezando desde la dinámica del numerador y el denominador, es decir, manifiesta un trade-off entre la política monetaria y la política fiscal; ya que en el caso de la política fiscal se debe evaluar qué tanto se puede mover el gasto para estimular el crecimiento, sin afectar la deuda, ya que ambos afectan dicho ratio. Y la responsabilidad no es solamente del gobierno, sino también del Banco de la República, ya que la inflación y las tasas de interés intervienen sustancialmente en el denominador, bien sea para impulsar el PIB mediante el instrumento de tasas de interés o para controlar la inflación.

Igualmente, la regla del gasto enfrenta rigideces en la concepción de lo que es gasto o inversión, ejemplo de ello es el gasto ambiental, y la regla del balance fiscal estructural plantea la discusión de la rigidez que ocasiona marcar una tendencia para estimar el PIB potencial, rompiendo los ciclos naturales, que en épocas de auge generan ahorro público y en recesiones obligan a ejecutar políticas contracíclicas.

Por otro lado, no se debe desconocer que la transición hacia una energía más sostenible y equitativa es esencial, pero requiere una revisión profunda de nuestras políticas fiscales. La adaptación de la regla fiscal actual hacia una regla fiscal verde, respaldada por instrumentos ambientales como swaps de deuda por naturaleza, mercados de carbono, bonos sostenibles, impuestos ambientales y otros mecanismos similares, se presenta como una solución innovadora y necesaria.

En el contexto colombiano, la implementación de una regla fiscal verde podría requerir negociaciones con los acreedores para reducir la deuda y, al mismo tiempo, financiar proyectos ambientales. El mercado de bonos verdes, estrechamente vinculado a la regla fiscal de la deuda, ofrece oportunidades de financiamiento para proyectos ecológicos.

Otro aspecto crucial es la necesidad de reconsiderar el gasto ambiental como inversión en lugar de gasto corriente, especialmente en áreas como la protección del medio ambiente, esencial para el crecimiento sostenible. Reconocer estas inversiones como tales proporcionaría flexibilidad a la regla fiscal.

Y un tercer camino es aceptar que la carga tributaria de Colombia es muy baja (19,5%) frente a otros países como Francia (45%) y que se debe activar la Ley 99 de 1993, específicamente los artículos 42 y 43, que establecen la obligación de las personas naturales o jurídicas de pagar tasas retributivas por la utilización directa o indirecta de los recursos naturales renovables y el aprovechamiento de los no renovables cuando se generen externalidades negativas en el medio ambiente. Los ingresos generados por estas tasas se destinarían a financiar programas y proyectos de recuperación, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales afectados.

En resumen, la propuesta de una regla fiscal verde representa un llamado imperativo a la acción para Colombia en un mundo que exige políticas económicas sostenibles. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de una cuestión crítica para la preservación de nuestro planeta y el bienestar de las generaciones futuras. La sostenibilidad y la disciplina fiscal pueden coexistir, y es nuestra responsabilidad encontrar el equilibrio adecuado para construir un futuro más próspero y sostenible