MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
La independencia del Banco de la República juega un papel relevante para la estabilidad económica de Colombia. Este principio no solo protege la política monetaria de la injerencia política, sino que también asegura que las decisiones se basen en análisis técnicos rigurosos.
Sin embargo, el contexto actual plantea escenarios que podrían comprometer esta independencia, especialmente ante la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda tener en febrero de 2025 dos asientos más en la junta directiva. Esto podría resultar en una mayoría que influya negativamente en las decisiones del Banco.
Por otro lado, el Banco de la República ha dado y continúa dando motivos para que el presidente Petro proponga la emisión de dinero sin respaldo, como lo hizo recientemente al sugerir la emisión de fondos para atender a las víctimas de la violencia.
Entre las múltiples equivocaciones que ha cometido el banco, la más significativa ha sido la decisión de elevar las tasas de interés a niveles alarmantes, alcanzando un 13.25% tras la pandemia de COVID-19. Esta medida se justificó bajo la premisa de que la inflación tenía un origen puramente monetario. No obstante, factores como las limitaciones en la oferta de bienes y servicios también juegan un papel determinante en la dinámica inflacionaria.
En este sentido, la tasa de interés de política monetaria se mantiene en un elevado 10.25%, lo que afecta negativamente la inversión y el consumo, dos elementos cruciales para la reactivación económica.
Esta situación se justifica con el argumento de que la cantidad de dinero circulante es excesiva, a pesar de que el indicador M2 sobre el PIB revela que solo un 48% de la masa monetaria tiene un origen claro, lo que deja un 52% cuyo uso no está bien definido. Este dato sugiere que la inflación podría estar siendo alimentada por factores externos a la política monetaria.
En este contexto, el Banco no solo ha fallado en su diagnóstico de la situación económica, sino que también ha creado un vacío que el gobierno podría aprovechar para argumentar que la emisión de dinero es necesaria para abordar problemas fiscales. Esta narrativa es peligrosa y puede abrir la puerta a una emisión descontrolada, erosionando la confianza en la moneda y desencadenando una inflación aún más severa.
Además, el riesgo que plantea la posible aprobación de un presupuesto por decreto, además de estar desfinanciado, es una grave señal de alerta para la economía del país. Aunque el gobierno asegura que el déficit es de 11.8 billones de pesos, otras instituciones, como el Banco de Bogotá, estiman que el desfinanciamiento podría superar los 30 billones de pesos.
Este hueco fiscal no solo llevaría a un aumento del déficit por encima del 5.6% del PIB, sino que también podría abrir la puerta a propuestas de financiarlo mediante emisión primaria de dinero, es decir, la creación de dinero sin respaldo.
Esto resulta extremadamente peligroso en un contexto donde la tasa de emisión de dinero supera al crecimiento del PIB, lo que aumenta significativamente el riesgo de una inflación descontrolada. A largo plazo, los efectos de una emisión desmedida suelen ser nominales: se incrementan los precios, pero no la riqueza real del país, generando una espiral inflacionaria difícil de contener.
Por último, si bien es cierto que el Banco de la República no ha cumplido plenamente con el rigor que exige la misión otorgada por la Constitución en el artículo 371, es crucial evitar que la política monetaria se utilice como herramienta para resolver desequilibrios fiscales de corto plazo.
Utilizar la emisión de dinero para financiar déficits o solventar problemas fiscales inmediatos puede ofrecer alivios momentáneos, pero a largo plazo puede erosionar la confianza en la moneda, exacerbar la inflación y debilitar las bases económicas del país.