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La reciente concesión del Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson resalta un punto crucial: la calidad de las instituciones es determinante para el crecimiento y desarrollo económico de los países. En su obra “Por qué fracasan los países”, argumentan que las instituciones inclusivas, que fomentan la participación y la equidad, son esenciales para alcanzar una prosperidad sostenible. En contraste, instituciones extractivas limitan el progreso al concentrar el poder y recursos en manos de unos pocos, perpetuando la desigualdad.
Este enfoque nos invita a reflexionar sobre la importancia de las instituciones en diferentes ámbitos, siendo el sector educativo uno de los más relevantes. La calidad institucional es fundamental para el funcionamiento efectivo del sistema educativo y su valor productivo, ya que incluye aspectos como la gobernanza, la eficiencia del sistema judicial, la protección de derechos, el conflicto armado, la burocracia y la facilidad para hacer negocios, entre otros. Estos elementos configuran el entorno educativo y regulan el comportamiento de los actores en la sociedad, estableciendo un marco que impacta a todos los sectores.
Por ejemplo, un año de educación en Singapur, que ostenta una calificación de eficiencia estatal de 100, produce resultados significativamente diferentes en comparación con México, que tiene un valor de 52,4. Esta disparidad subraya que un año de educación no solo influye en el aprendizaje, sino que también determina el valor productivo de la educación en términos de su contribución al desarrollo económico, lo que resalta la urgencia de fortalecer las instituciones para alcanzar un valor real y efectivo.
En la tabla No 1, se presenta la calidad institucional para 65 países y por grupos, abarcando indicadores como democracia, conflicto armado, eficiencia gubernamental, corrupción, Eficiencia sistema judicial y Facilidad Para hacer Negocios. Se incluyen promedios (µ), desviaciones estándar (σ) y coeficientes de variación (CV) de estos indicadores en países clasificados según su nivel de desarrollo (alto, medio y bajo).
Los resultados muestran que los países con altos niveles de crecimiento y desarrollo presentan menores coeficientes de variación en sus indicadores institucionales, a diferencia de aquellos con bajo desarrollo.
Colombia, que forma parte del grupo de 32 países analizados, muestra una calidad institucional considerablemente baja, lo que la ubica en una posición desfavorable. Esto tiene un impacto negativo en el valor productivo de la educación, como se puede observar en la Tabla No 2.
La Tabla 2 pone en evidencia las significativas brechas educativas según el tamaño de los países, destacando que estas diferencias están estrechamente vinculadas a la calidad institucional. Se observa que los países con instituciones más sólidas y eficientes tienden a tener niveles de cobertura educativa más amplios, medidos en años promedio de escolaridad, y una mejor calidad de educación, reflejada en los resultados de las pruebas Pisa. Esto sugiere que la solidez de las instituciones no solo impacta la estructura y eficiencia del sistema educativo, sino también la equidad y el acceso, mostrando una relación directa entre la calidad institucional y el desempeño educativo a nivel global.
De esta manera, queda claro que tanto la calidad de las instituciones como la calidad de la educación son factores fundamentales que influyen directamente en el valor productivo de la educación. Para reflejar esta interrelación, se ha desarrollado un indicador productivo de la educación, que incluye la calidad de las instituciones, indexada a través de las brechas institucionales y educativas en un análisis comparativo de 62 países.
En el gráfico siguiente se presenta este indicador y su relación con el PIB per cápita. Los resultados muestran de forma contundente cómo los países con instituciones más robustas y sistemas educativos de mayor calidad tienden a tener un mayor PIB per cápita. Colombia, al ubicarse en la parte inferior del gráfico, destaca como un ejemplo de país que, a pesar de su potencial, enfrenta serias limitaciones en términos de calidad institucional.
En muchos países de América Latina, se ha priorizado aumentar la inversión en educación con la esperanza de que, por sí sola, pueda impulsar la productividad y el bienestar económico. Sin embargo, los datos analizados indican que, sin una mejora en la calidad institucional, estas inversiones no generan el impacto esperado. En Colombia, aunque se ha avanzado en la cobertura educativa, este progreso no ha estado acompañado por un aumento significativo en la calidad, como lo demuestran los años promedio de escolaridad y los resultados de las pruebas Pisa. Además, el indicador de valor productivo de la educación revela que el impacto económico de la educación sigue siendo limitado.
Esta realidad subraya la urgente necesidad de fortalecer la calidad institucional del país. Mientras no se logren estos avances, el valor productivo de la educación seguirá siendo restringido. Iniciativas como “Matrícula Cero”, “Jóvenes en Acción” y “Ser Pilo Paga” pueden convertirse en un despilfarro de recursos públicos si no se respaldan con reformas estructurales que garanticen una educación de calidad.
Colombia debe replantear su estrategia educativa: si bien incrementar el acceso a la educación es fundamental, la calidad debe ser la prioridad. Solo mediante un sistema institucional robusto y una educación de alta calidad se podrá desarrollar el capital humano necesario para competir en un entorno global cada vez más exigente.
