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Colombia se encuentra en un dilema. ¿Qué quieres?: ¿competencia o inclusión digital y cobertura?
El escritor Carlos Fuentes le llamaría a eso “el dilema del espejo enterrado”. Colombia se imagina notable en el territorio digital, y lo es en el mundo TIC, pero en el regulatorio de las telecomunicaciones, no quiere ver su cara en el espejo.
Aquí el espejo. En la licitación sobre la banda AWS hace años, se establecieron reglas diferenciadas para los operadores. Todos tendrían acceso a esas bandas menos Claro. ¿El efecto a años de distancia? Espectro ocioso por Avantel (ahora WOM) falta de inclusión digital y de inversión.
Colombia ha experimentado todas las formas de intervención económica del Estado posibles. El gobierno federal es socio en 32% de Movistar; Bogotá es dueño de ETB; UNE-Medellín es socio mayoritario de Millicom y Empresas Municipales de Cali reproduce el modelo.
El gobierno creó una red de fibra óptica con apoyo público y se quedó sin cumplir sus expectativas (Azteca Comunicaciones). El último año del presidente Santos se ejerció la reversión de activos, que secuestró a Colombia US$1.600 millones o tres años de inversión entre Movistar y Claro juntos. WOM acaba de señalar que está en recuperación de su modelo en la región; Chile concentrará sus esfuerzos y disminuirá la inversión en Colombia.
Millicom está pasando momentos críticos para capitalizar Tigo junto con EPM. Telefónica de España es víctima de una tentativa de inversión saudí con STC Group, que anunció que “ha adquirido una participación de 9,9% en Telefónica, por un importe total de 2.100 millones de euros”. Una ironía, Colombia será socia de España y Arabia Saudita.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomendó medidas que limitan a Claro, competir en igualdad de condiciones en la subasta 5G. También la CRC presentó sus medidas regulatorias aplicables a servicios móviles y, sin duda, tienen entre otros destinatarios a Claro.
Imposible un análisis regulatorio serio en Colombia, con un sistema de competencia distorsionado por ingreso por usuario bajo, precio de espectro caro, muchos operadores públicos y privados asociados, sin escala, sin consolidación, con pasivos laborales históricos y urgidos de capitalización.
Ahora la Contraloría General alerta que en la valoración que hizo el Ministerio TIC para la subasta 5G presentó el menor valor, pudiendo tener mayores dividendos para el Estado. Increíble, el país que propuso el derecho a internet como un derecho humano.
El primer paso para destruir este nudo gordiano, pasa por bajar los precios del espectro. Su valor social debe estar sustraído al precio y debe privilegiar su asignación para habilitar derechos humanos, igualdad jurídica y económica: punto.
Cuando se pensaba que la ruta para 5G estaba clara para todos, los atavismos en la cultura telco de Colombia se manifiestan nuevamente. Colombia está atrapada en una cultura del buen alumno de la regulación europea, una moralidad puritana hija de esa tradición, un sistema de competencia distorsionado por sus ineficiencias estructurales y sus deudas con la inclusión digital, la innovación y la competitividad.
Un regulador debe regular por objetivos y cada camino es distinto: regulas competencia económica o habilitas inclusión y derechos humanos en el entorno digital. El objetivo regulatorio hoy es preciso: cobertura e inclusión digital.
