Centros poblados y torcidos

No para de crecer el reciente escándalo que se destapó en varios medios de comunicación con respecto al incumplimiento del millonario contrato que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones firmó con el consorcio Centros Poblados.

El objetivo del proyecto es bastante bueno: dar acceso a internet a escuelas de zonas apartadas. La ejecución y los detalles son escabrosos. El valor del anticipo por $70.000 millones ya desapareció y difícilmente el Estado lo va a recuperar.

El consorcio presentó varias pólizas falsas, alterando documentación del Banco Itaú, entidad que jamás expidió dichas garantías. La empresa interventora, que supuestamente vigila los procesos para verificar el cumplimiento de los requisitos del contrato, autorizó el desembolso del anticipo sin revisar rigurosamente la documentación. El contrato está en un limbo desde su origen, no se puede delegar a otro concesionario y por ahora vendrá un pleito que involucra al MinTIC y al consorcio buscando salir del lodo. Ambas partes terminaron expuestas en una situación que ya es irreversible. Todavía no entiendo cómo ningún abogado de los varios que hay contratados dentro del MinTIC siquiera llamó al Banco Itaú para verificar la autenticidad de la documentación. En otras épocas, otros ministros se cuidaban de cada detalle y sus funcionarios se encargaban de cometer la menor cantidad de errores en procesos de montos mucho más grandes.

Que el anticipo haya salido tan fácilmente muestra varias debilidades. Sabemos que hay manuales estrictos en todo el Estado. Todo contratista que ha logrado firmar con una entidad pública sabe lo dispendioso que pueden ser Secop II, Sigep o el portal Colombia Compra Eficiente.

Cada contrato es revisado por lo menos por cuatro o cinco seres humanos. Cada uno de ellos en teoría revisa la documentación, con el fin de evitar que haya un error en la firma de contrato sin cumplimiento de requisitos, lo cual está tipificado como delito para quien firma en nombre de la entidad. El código penal reza que aquel “servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”. Si se aplica la ley debe haber pronto uno o varios funcionarios de MinTIC en la cárcel.

Otro suceso gravísimo, como lo denunciaron varios colegas, es el contrato 187 de 2020 firmado entre el Fondo Único de TIC del MinTIC representado por Luisa Fernanda Trujillo y Sescolombia SAS cuyo representante legal es Alex Pilonieta. Ese pequeño contrato (apenas 543 millones) era para prestar servicios profesionales en administración de riesgos, garantías y seguros. La empresa de Pilonieta debía ser la que advirtiera de las garantías falsas. Si la ley se cumpliera yo diría, sin ser experto, que también Pilonieta debería pagar cárcel. Lo triste es que por ahora se quedarán sin Internet miles de estudiantes colombianos por culpa de unos ladrones de cuello blanco llamados Centros Poblados. Poblados de torcidos.